Una situación que señaló que se repite año tras año, impidiendo a estos estudiantes seguir las clases con normalidad. “Se están vulnerando los derechos de miles de niños y jóvenes sordos, y contraviniendo leyes como la 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos en España, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el propio Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias”, denunció el presidente de la Fasican, Oscar Luis Hernández.

Para la entidad, es “inadmisible” que se niegue a estos alumnos y alumnas los recursos y adaptaciones necesarias para acceder a la educación en igualdad de condiciones que sus compañeros. “Las personas sordas tienen derecho una educación obligatoria eficiente que, en este caso, pasa por contar con la presencia de un intérprete de lengua de signos durante toda la jornada”, recordaron desde la federación.

Sin embargo, indica que la Consejería de Educación ha rechazado la solicitud del propio alumnado y sus familias de incrementar el número de horas de interpretación, argumentando que “parte de este alumnado hace uso de audífonos o implantes cocleares”, cuestión que para la federación denota un total desconocimiento acerca de la realidad del colectivo. “El uso de ayudas técnicas no es incompatible con el de la lengua de signos”, aclaró Óscar Luis Hernández. “En materia de educación, todos los recursos suman”, añadió.

En este sentido, la Fasican urgió a la Consejería de Educación a adoptar las medidas necesarias para garantizar una educación inclusiva y de calidad para el alumnado sordo, más necesaria si cabe, a la vista del nuevo escenario impuesto por la Covid-19.

“El uso de mascarillas y la distancia interpersonal dificultan enormemente la comunicación, ya que las personas sordas dependemos en gran medida de las expresiones faciales o visuales y de la lectura labial que la mascarilla impide”, explicó su presidente. “Ahora más que nunca, las administraciones educativas y los propios centros deben dedicar voluntad y recursos a garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado sordo, y evitar incurrir en comportamientos discriminatorios como los que está viviendo el alumnado sordo canario”, concluyó.