Así, lo afirmó el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en un comunicado en el que añadió que “tal vez los problemas económicos y sociales surgidos en este contexto hagan que sea oportuno impulsar el debate y acuerdo social para una reforma tributaria integral”.

En concreto, en lo relativo a las medidas tributarias incluidas en el proyecto de Presupuestos, con las que el Ejecutivo estima un aumento de 4.000 millones de euros en la recaudación, Gestha apuntó que con dicha cantidad se necesitarían entre 14 y 18 años para equiparar la presión fiscal de España a la media europea.

Sobre la subida de IRPF, el sindicato estima que tendrá un impacto de sólo un 0,5% de los 94.196 millones que el Gobierno espera recaudar por este impuesto en 2021, ya que se aumentará la tributación al 0,17% de los mayores declarantes.

En cuanto al impuesto de Sociedades, calcula que los grandes grupos empresariales que ingresan más de 40 millones de euros al año acaparan el 84% de los dividendos y plusvalías exentos, después de que el Gobierno haya anunciado que rebajará la exención total en cinco puntos para dejarla en el 95%, por lo que 6.678 millones se llevarán a la base imponible, y prevé recaudar 1.520 millones.

Sin embargo, los técnicos lamentan que finalmente no se haya incluido el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% para los grupos empresariales, y del 18% para la banca y las empresas de hidrocarburos, como se preveía en el plan presupuestario de enero. En este sentido, Gestha recuerda que en 2019, antes de la pandemia, las compañías ingresaron 21.000 millones de euros menos al año que en 2007, un 47% por debajo, siendo el único impuesto que no ha recuperado la recaudación previa a la pasada crisis económica.

Respecto al impuesto de Patrimonio, Gestha sostiene que la subida de un punto para los patrimonios de más de 10 millones de euros que recogen las cuentas para 2021 únicamente se aplicará en las comunidades con la escala de gravamen estatal de Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y La Rioja. “Esto deja fuera de esta medida a la mayor parte de las grandes fortunas, pues en estas comunidades de régimen común residen un tercio (33%) de los declarantes del Impuesto de Patrimonio, que acaparan una cuarta parte (26%) del patrimonio total”, explicó.

A este respecto, Gestha resaltó que el 56,4% de este colectivo con más de 10 millones de patrimonio reside en la Comunidad de Madrid, 1.865 madrileños a los que “no sólo no les afectará esta subida, sino que no tributarán por este impuesto al estar bonificado con el 100% en esta comunidad”.

Por ello, en el sindicato coinciden con la voluntad mostrada por la ministra de Hacienda de realizar una reforma de la financiación autonómica y de los impuestos cedidos a las comunidades, como el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de armonizar su aplicación y evitar la competencia desleal a la baja por parte de algunas autonomías, el denominado ‘dumping fiscal’.

EVASIÓN

Asimismo, Gestha reclamó la inclusión de un cuerpo superior técnico en el proyecto de Presupuestos con el objetivo de erradicar la evasión fiscal, que, recurdan, es la culpable de la mitad de la pérdida recaudatoria en España. En opinión de Gestha, este cuerpo debería permitir un aumento de las funciones y responsabilidades de los técnicos del Ministerio de Hacienda para mejorar el funcionamiento independiente de la Agencia Tributaria y conseguir un control del gasto público más eficaz.

En concreto, el sindicato de técnicos de Hacienda estima que el diferencial de la mayor evasión de España respecto a la media europea provoca una pérdida de unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social, siendo la economía opaca en España un 65% mayor que la media europea. De esta manera, añaden, España ocupa el décimo puesto en el ranking de mayor tasa de fraude europeo y la sexta posición de los 19 países de la zona euro.