Esos fondos se destinarán a proyectos de conectividad, capacitación digital, mejora de la vivienda, eficiencia energética de edificios, saneamiento y depuración, empleo y turismo sostenible, entre otras áreas.

Ribera hizo estas consideraciones en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, donde compareció para informar de las líneas generales de la política de su departamento en esa área.

Los fondos se vinculan al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que el Ejecutivo quiere canalizar las ayudas europeas. “Vamos a asegurarnos de que el paquete de recuperación europeo llegue también a lo local”, apuntó Ribera.

La titular de Reto Demográfico indicó que la pandemia de la Covid-19 ha mostrado “luces y sombras” de un modelo territorial que España arrastra desde hace décadas, con “riesgos de continuar con un modelo de ocupación e inversión que ha primado la concentración urbana, mientras se producía el vaciamiento de las áreas rurales”.

Ribera subrayó que la salida a la crisis del coronavirus supone una “oportunidad” para que los territorios despoblados “se revitalicen en el marco de una economía más justa y sostenible” con fondos que ascienden a más de 2.500 millones de euros.

Indicó que la España interior “no está vacía” y “no está sola”, pero sí ha estado “desatendida” durante décadas por migraciones del ámbito rural al urbano desde la segunda mitad del siglo XX, un fenómeno común también en Europa.

6.000 MUNICIPIOS MÁS DESPOBLADOS

En este sentido, apuntó que más de 6.000 municipios (tres de cada cuatro del total que tiene España) han perdido población en la última década y más del 80% de las localidades rurales sufren de despoblación desde hace medio siglo.

Además, España cuenta con casi 4.000 municipios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, un umbral de “riesgo demográfico” considerado por la UE para garantizar que sus habitantes reciban servicios. “Representan casi el 48% del territorio, pero sólo el 2,7% de la población”, precisó.

Ribera añadió que un 25% de la población en municipios rurales son personas mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta ahora con más de nueve millones de habitantes mayores de 65 años, cifra que ascenderá a 15,5 millones en 2050, cuando habrá casi tantos mayores de 80 años como menores de 15.

La renta anual de las zonas urbanas supera los 31.000 euros por hogar y en las rurales está poco por encima de los 24.000 euros. Esa brecha es de 11.000 euros en el caso de las familias rurales con niños. Todo ello eleva el riesgo de pobreza.

Por ello, el Gobierno quiere llevar a la próxima Conferencia de Presidentes una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico como hoja de ruta para frenar la despoblación.

Ribera apuntó que su departamento ultima un Sistema de Información para el Reto Demográfico que funcione como “observatorio de cohesión territorial” con soporte científico para la toma de decisiones. Y el Ejecutivo aportará un plan con 60 medidas transversales que se presentarán en la próxima Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico.

INTERNET

Con esas directrices básicas, el Gobierno cuenta con objetivos transversales sobre reto demográfico. Uno de ellos es garantizar la conectividad territorial reduciendo la brecha digital de cobertura de banda ancha con el despliegue de redes de Internet de más de 100 megabits por segundo en núcleos sin cobertura, para lo cual invertirá 150 millones de euros.

Ribera recalcó que la Agenda Digital 2025 pretende “garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, viva donde viva, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas”, así como el despliegue de infraestructuras 5G en el medio rural.

La cobertura de banda ancha ultrarrápida llegaría al 96% de la población española en 2023 y habrá ayudas para ofrecer cobertura 4G a 600.000 de los 800.000 habitantes que aún no disponen de ella.

Otro objetivo transversal se refiere a asegurar una apropiada prestación de servicios básicos. Así, Ribera dijo que el Gobierno trabaja en garantizar el acceso a la vivienda con oferta en alquiler de vivienda pública, mejorar la eficiencia energética en municipios de menos de 5.000 habitantes e impulsar su accesibilidad.

Como servicio básico también está la depuración en zonas con menos de 5.000 habitantes, con obras que en algunos casos han sido declaradas de interés general. En este capítulo se destinarán 800 millones de euros en tres años.

Por otro lado, Ribera destacó que el Gobierno pretende impulsar el empleo y la formación en el medio rural para que “quien quiera pueda quedarse, quien quiera pueda volver”. El Plan de Modernización de la Formación Profesional dedica 1.500 millones de euros a paliar esa situación. Y se prevé que se multipliquen las “aulas mentor” hasta llegar a 3.000 municipios en cuatro años, con un presupuesto de tres millones de euros.

CORREOS

Además, el Gobierno reserva 58 millones de euros para impulsar destinos turísticos sostenibles en la España interior y trabaja en agricultura sostenible; en este último ámbito, España recibirá 4.875 millones de la Política Agraria Común (PAC) para los denominados ‘eco-esquemas’, con propuestas como el apoyo al pastoreo extensivo, la implantación y mantenimiento de cubierta vegetal viva para prevenir la erosión del suelo, de islas de vegetación y corredores multifuncionales, iniciativas de valorización energética de biomasa, gestión de residuos agrarios, mejora de barbechos, de linderos, de muros de piedra, etc...

Ribera apuntó que su departamento quiere que Correos facilite que puedan hacerse trámites de la Administración General del Estado en cualquier oficina o puesto en el medio rural. “Es evidente que las oficinas de Correos, tradicionalmente ubicadas en todo el territorio, deben contribuir a garantizar la presencia de los servicios públicos de todo tipo en el territorio, dada su capilaridad en los pequeños municipios de todo el país”, apostilló.