Así consta en los datos de ejecución presupuestaria publicados este viernes por el Ministerio de Hacienda, que recordó que estas cifras están afectadas por las medidas tomadas para combatir la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias sanitarias y económicas.

Hasta agosto de 2020, el déficit conjunto de la administración central, los fondos de la Seguridad Social y la administración regional, excluida la ayuda financiera, fue de 78.127 millones, lo que equivale al 7,07% del PIB, del que 5,52 puntos correspondieron a la administración central; un superávit del 0,19% a las comunidades autónomas; y 1,74 puntos déficit a la Seguridad Social.

EL ESTADO HASTA SEPTIEMBRE

En cuanto a septiembre, el déficit del Estado era de 56.291 millones de euros lo que equivale al 5,09% del PIB, mientras que, si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario) la cifra se sitúa en el 3,56%. Esta evolución, explicó Hacienda, se debe a una bajada de los recursos del 12,3%, como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria, mientras que se produce un incremento del gasto del 18,5%, hasta 188.672 millones, fundamentalmente, por el aumento de programas sanitarios y por las mayores transferencias a Seguridad Social y comunidades autónomas.

Por el lado de los ingresos no financieros, se situaron en 132.381 millones, lo que supone una disminución del 12,3% respecto a 2019. En concreto, los recursos impositivos, que representan el 82,4% del total, se situaron en 109.120 millones, lo que implica una disminución del 14%.

Por figuras tributarias, se produjo un descenso del 12,7% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA bajó un 14,3%, hasta los 50.252 millones. Este comportamiento se debió al menor consumo derivado de la caída de la actividad y por la minoración de ingresos de medidas necesarias para mitigar los efectos de la pandemia como la aplicación del tipo cero en el IVA en los bienes necesarios para hacer frente a la Covid-19.

También respecto a los impuestos sobre la producción y las importaciones, Hacienda recordó que en 2020 se ha recuperado el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, ya que en 2019 se suspendió la presentación e ingreso del cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019.

RECAUDACIÓN DE CASI 750 MILLONES

Por tanto, la recaudación hasta septiembre por este impuesto ascendió a 747 millones, frente a unos ingresos de 317 millones en el mismo periodo del año anterior. Asimismo, los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero crecieron un 21,9%.

Por su parte, la recaudación de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio descendió un 16,1%, mientras que en el Impuesto sobre Sociedades bajó un 2,6%. Por su parte, el IRPF vio descender sus ingresos un 21,7% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las comunidades autónomas de la liquidación definitiva de 2018 respecto al ejercicio anterior, a lo que hay que sumar el parón de la actividad. Por último, también descendieron los ingresos de los impuestos sobre el capital un 56,1% y las cotizaciones sociales un 1%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social. En lo que respecta al resto de recursos, destacaron los ingresos por dividendos y otras rentas, que cayeron un 31,2%, así como por los intereses, que disminuyeron un 17,5%.

A este respecto Hacienda destacó el buen comportamiento de los dividendos del Banco de España, que crecen respecto al año anterior, compensando en parte el descenso registrado en los dividendos de Enaire y de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) en 2020.

UN 18,5% MÁS DE GASTO

En cuanto al gasto, hasta septiembre los empleos no financieros ascendieron a 188.672 millones, cifra superior en un 18,5% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se produjeron en las transferencias a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social.

Las transferencias a las autonomías aumentaron tanto por la actualización de las entregas a cuenta realizada en marzo y abril, como por la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación del año 2018 respecto a la efectuada en el ejercicio anterior, con el objetivo de garantizar a las comunidades los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia y que puedan seguir prestando servicios públicos esenciales de calidad. A esto se le suma la parte correspondiente a los dos primeros tramos del Fondo Covid por importe de 8.000 millones (sobre un total de 16.000 millones).

Además de este aumento en las transferencias del sistema de financiación, las comunidades han recibido, entre otros, 300 millones destinados a la cobertura de gastos originados en el Sistema Nacional de Salud, 300 millones al Fondo Social Extraordinario para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, 25 millones al Fondo de alimentación, 10 millones por medidas excepcionales por el Covid-19 en el sector ganadero y 447 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.

CONSUMOS INTERMEDIOS

Por su parte, los consumos intermedios se incrementaron en un 16,7%, crecimiento en el que incidieron los 851 millones de gastos derivados del Covid-19, sin correspondencia en el año anterior. La remuneración de asalariados aumentó un 0,9% debido a la subida salarial del 2%, así como a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentaron un 6,7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%, mientras que la cooperación internacional corriente se incrementó en un 19,3%. Destaca también el incremento de la inversión en un 51%, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7). También esta rúbrica incluye un gasto relacionado con la pandemia de 98 millones por la compra de respiradores mecánicos.

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un 9,9% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en el IVA y la RNB en 898 millones, así como por la disminución de las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 39,9%, como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones, y sin correspondencia en 2020.

DÉFICIT CONJUNTO HASTA AGOSTO

En cuanto al déficit conjunto de las administraciones públicas hasta agosto de 2020, excluyendo el de las corporaciones locales, hasta agosto se situó en 78.127 millones, lo que equivale al 7,07% del PIB, del que el 5,52% corresponde a la administración central y, dentro de esta, el 5,45% (60.248 millones) al Estado y el 0,07% (743 millones), a los organismos de la administración central.

Por su parte, la administración autonómica registró un superávit 2.097 millones, lo que supone el 0,19% del PIB, frente al déficit del 0,25% del PIB registrado hace un año. Hacienda destacó que esta evolución positiva se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las comunidades y dar respuesta a la emergencia provocada por el Covid-19. Entre ellas, el adelanto de la financiación procedente del Estado, al transferir 5.976 millones correspondientes al Tramo I del Fondo Covid-19, 325 millones del Fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; 447 millones del adelanto de la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda; incremento de recursos provenientes de la mayor liquidación definitiva del sistema de financiación, y la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación.

Además, las autonomías vieron aumentar sus ingresos un 8,3%. En este sentido, destaca el aumento de los ingresos impositivos en un 8,7%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecieron un 20% fundamentalmente por el aumento de las entregas a cuenta y de la liquidación definitiva del sistema de financiación y la subida registrada en las transferencias recibidas de otras administraciones en un 11,9%, por los mayores recursos recibidos del Estado. Asimismo, los ingresos de los Impuestos sobre la producción y las importaciones retrocedieron un 24%, destacando el descenso del 22,4% del ITP y AJD

Dentro del gasto no financiero, que aumentó un 3,8%, los consumos intermedios crecieron un 9,6%, debido al mayor gasto sanitario, condicionado por la pandemia. La remuneración de asalariados se incrementó un 4,9% por la subida retributiva general y por el impacto del Covid hasta agosto. Por su parte, las transferencias sociales en especie crecieron un 2%, destacando el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria y educativos y del gasto en farmacia. Las subvenciones se elevaron un 13,9% y las prestaciones sociales un 6,6%. Entre los gastos que descendieron se encuentran las transferencias entre administraciones, que cayeron en un 4,7%, así como los intereses y la inversión, que disminuyeron en un 15,8% y en un 3,3%, respectivamente.

Todas las comunidades salvo Navarra y País Vasco registraron hasta agosto de 2020 un comportamiento más positivo que hace un año. Además, salvo estas dos regiones y Castilla la Mancha y Murcia, el resto lograron situarse en superávit.

SEGURIDAD SOCIAL

Por último, los Fondos de la Seguridad Social registraron un déficit del 1,74% del PIB, ya que los ingresos se incrementaron 13,5%, por las transferencias recibidas del Estado, frente al aumento del 24% de los gastos no financieros. Así, el gasto consolidado de los Fondos de la Seguridad Social asociado al Covid-19, se sitúa en torno a 22.085 millones, lo que representa el 2% del PIB, y supone un 78,5% de todo el incremento de gasto registrado.

El Sistema de Seguridad Social ha registró un déficit de 6.428 millones, un 0,58% del PIB, frente al déficit del 0,63% del PIB registrado hace un año, lo que representa un descenso del 17,7%, debido a la transferencia de 14.003 millones recibida del presupuesto del Estado en el mes de junio. Por su parte, los ingresos obtenidos de las cotizaciones sociales alcanzaron un volumen de 82.914 millones, con un incremento del 0,6% respecto a los de finales de agosto de 2019.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie se situaron en 106.514 millones, un 9,1% más que el año anterior, debido, fundamentalmente, a la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos, así como a la prestación por incapacidad laboral transitoria que da cobertura a los afectados por el Covid-19.

El Servicio Público de Empleo Estatal obtuvo un déficit de 12.689 millones hasta agosto, ya que las cotizaciones sociales descendieron un 2,9%, frente a las prestaciones por desempleo, que crecieron hasta agosto en 13.633 millones. La evolución de esta rúbrica se encuentra afectada especialmente por el reconocimiento de la prestación de desempleo en los ERTE por casos de fuerza mayor temporal, así como por el subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal o el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar. El conjunto de todas ellas suponía un gasto a finales de agosto cercano a los 11.000 millones, de manera que los beneficiarios de estas prestaciones derivadas de la cobertura frente al Covid suponen el 59,7% del total de beneficiarios por prestaciones por desempleo.

Finalmente, las otras subvenciones a la producción ascendieron a 2.420 millones, un 51,6% más que el año anterior, por las exenciones y bonificaciones de cuotas relacionadas con las medidas para paliar los efectos de la Covid-19 y las mayores bonificaciones para fomento del empleo y formación de ocupados. Por último, el Fogasa registró un resultado negativo de 116 millones.