Según informa la patronal hotelera, estas medidas ayudaron a aliviar en cierta medida la situación del sector alojativo puesto que, con la llegada de la pandemia, muchos establecimientos se vieron abocados al cierre y a una solicitud del cambio de potencia energética.

En el caso de la electricidad, la normativa general permite tan sólo un cambio al año. Así, con la llegada de la desescalada y la reapertura de algunos establecimientos hoteleros, los alojamientos que abrieron pudieron solicitar de nuevo un cambio de potencia gracias a las medidas contempladas por el Ejecutivo. Estas disposiciones dejaron de estar en vigor en septiembre de este año.

Sin embargo, con la declaración del nuevo estado de alarma -que podría durar hasta mayo de 2021-, muchos establecimientos se están viendo en la obligación de volver a cerrar y, con la actual normativa, no pueden solicitar un nuevo cambio de potencia energética.

Esto permitiría proteger la viabilidad de las empresas y la competitividad del sector también desde el punto de vista energético.

Estas disposiciones son fundamentales para paliar el fuerte impacto económico que está originando la pandemia en el sector, que se estima en unos 50.000 euros por hotel al mes de los que el sobrecoste energético supone entre 2.000 y 3.000 euros mensuales por alojamiento.