La organización agraria señaló en un comunicado que desde hace más de diez años viene batallando "por los precios justos para nuestros productos”, y la nueva ley viene a dar "más seguridad jurídica a los actos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), estableciendo incipientemente la figura del mediador y definiendo más precisamente las infracciones y sanciones para los que abusen".

UPA ve en estos cambios legislativos un efecto directo de las movilizaciones convocadas a comienzos de este año, así como del trabajo sindical y político para trasladar a las leyes “lo que es un clamor en el campo”: que "la falta de rentabilidad lastra las oportunidades del sector primario y provoca despoblamiento y ruina en el medio rural".

UPA ha valorado muy positivamente la unidad de acción con el resto de organizaciones profesionales agrarias representativas y ha lanzado un aviso a los que se oponen al cambio de la Ley de la cadena: “No somos ingenuos. Muchos llevan demasiados años abusando, y no será fácil cambiar estos comportamientos. Ahora, lo mejor que todos y cada uno podemos hacer es denunciar cada caso de abuso que conozcamos. En UPA estaremos siempre vigilantes y dispuestos a denunciar”.