Según explicó, "sobrecostes por la pandemia no compensados, inseguridad jurídica y abandono institucional" son algunas de las cuestiones que sufren sus 935 entidades, responsables de 4.000 centros y servicios que atienden a cerca de 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

A modo de ejemplo, señaló que la Generalitat valenciana adeuda más de un millón de euros a 27 asociaciones de Plena Inclusión en esa comunidad autónoma.

En Cataluña, Dincat reclama al Govern que se implique en paliar los sobrecostes que ha generado la crisis sanitaria en los centros y servicios que gestiona, agregó la confederación.

También explicó que en toda España, sus centros y servicios tienen que "asumir sobrecostes generados por las medidas especiales de prevención frente a la pandemia que, en su mayor parte, no han sido compensados por las administraciones autonómicas competentes en materia de servicios sociales".

Además, prosiguió, "se viven situaciones de inseguridad jurídica ante decisiones de estas mismas administraciones que condicionan de forma determinante ciertas actividades que provocan desatención a personas especialmente vulnerables".

Asimismo, "la contratación de nuevo personal y un incremento importante de gastos imprevistos para adaptar todas las instalaciones y adquirir EPI representan enormes gastos que dejan en una situación crítica a miles de familias que dependen del apoyo de Plena Inclusión", denunció.