En concreto, las aportaciones de la CNMV se refieren a las consultas públicas de la Comisión Europea sobre la ‘Digital Services Act’ (DSA) y la ‘New Competition Tool’ (NCT). La Comisión plantea la posibilidad de establecer mediante una nueva directiva (DSA) la futura regulación ‘ex ante’ de las plataformas digitales, de forma que incluya requisitos adicionales para aquéllas que desempeñan una función de ‘gatekeepers’, y que sustituya a las normas derivadas de la directiva de comercio electrónico que están vigentes actualmente en Europa.

Por otra parte, la Comisión plantea también la posibilidad de dotarse de un nuevo instrumento de competencia (NCT) para abordar los correspondientes problemas estructurales en los mercados que no puedan afrontarse de manera eficaz sobre la base de las normas de competencia en vigor.

Ante ambas iniciativas, la CNMC señala en sus aportaciones la necesidad de “no dar por sentada la necesidad de intervención”, indicando que “es necesario un test que determine cuando es verdaderamente necesaria la intervención en un mercado para proteger la competencia efectiva, la innovación y el crecimiento”, y apunta que “la experiencia en la regulación de los mercados de comunicaciones electrónicas puede ser aquí de utilidad”.

Asimismo, recomienda “evitar crear una pluralidad de instrumentos”, al considerar que “ahora mismo se está hablando de dos instrumentos cuya distinción es, como mínimo, poco clara” y que ambos instrumentos, pero “en particular, el ‘new competition tool’, generan la pregunta de cuál sería su solape con los sectores que ya son objeto de regulación ex ante (telecos, energía, etc.)”. “Se llame como se llame (NCT o 3b de la Consulta del DSA) el instrumento debe ser uno”, asegura la CNMC.

Además, el supervisor español indica que “preocupa en todo caso el encaje de este instrumento en los mercados que ya tienen regulación ex ante (telecos)”, ya que “superponer los instrumentos no resulta deseable, pero excluir estos mercados supone que los mecanismos de intervención en ellos serían menos flexibles y potentes, dado lo que ahora se plantea”. “Todo ello es fuente en cualquier caso de inseguridad jurídica”, añade.

Así, defiende que, “por razones de eficacia, parece preferible un instrumento horizontal: poder realizar un análisis de cualquier mercado, contemplar situaciones no limitadas a PSM individual y aplicar los remedios que procedan caso a caso”, y argumenta que las autoridades nacionales “debemos ser capaces de aplicar también el instrumento que se diseñe”, por lo que reclama “reglas claras para asignar la competencia entre Comisión y Estados miembros. En este sentido, el supervisor español argumenta que “debemos defender que estas competencias residan en la CNMC como autoridad independiente”.

Por último, la CNMC subraya que “la regulación de prohibiciones generales para todas las plataformas de cualquier sector puede ser útil para la consecución de otros objetivos, pero no para controlar el ejercicio de poder de mercado”, y apunta que “resulta complejo diseñar 'DOs' y 'DON´Ts' aplicables a todas las plataformas y mercados sin generar problemas sobre la eficiencia de los mercados, seguridad jurídica, innovación, inversión, etc”.