Así lo afirmó al inicio de su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Presupuestos de 2021 en el Congreso de los Diputados para defender las cuentas públicas elaboradas por el Gobierno y oponerse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Junts per Catalunya, BNG, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias, que de conseguir una mayoría a su favor supondrían el rechazo al proyecto presupuestario y su devolución al Ejecutivo.

Montero invitó al resto de grupos a hacer “política con mayúsculas” y permitir la tramitación de los Presupuestos, al considerar “una auténtica anomalía que sigamos con unos Presupuestos de 2018 diseñados en unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales y absolutamente desfasados”.

“Aprobar los Presupuestos no supone adhesión ni un cheque en blanco al Gobierno, sino aparcar las diferencias”, aseveró la ministra, para acto seguido preguntar que “si no es ahora, cuándo podemos ponernos de acuerdo”.

“Pueden no estar de acuerdo con una política del Gobierno, pero no pueden dudar de la imperiosa necesidad de este país de contar con unas cuentas públicas”, afirmó Montero, para añadir que “el momento es ahora, no dentro de unos meses, España necesita unos Presupuestos con urgencia”.

Asimismo, la titular de Hacienda defendió que los Presupuestos supondrán “una palanca” para la modernización de la economía española a través de la digitalización, la transición energética y el impulso de la igualdad de género; “un revulsivo para el Estado de Bienestar, una red de seguridad para las clases medias y trabajadoras”; “un vehículo para canalizar los fondos europeos”; y “lo más determinante, la base de un nuevo contrato social para cerrar brechas de desigualdad, intergeneracional e interterritoriales”.

CONTENIDO

Sobre el contenido de los Presupuestos. Por el lado de los ingresos, el proyecto contempla una mejora de los ingresos públicos del 14,7% en 2021, gracias a la mejora del ciclo económico y la previsión de crecimiento del PIB del 9,8% con el impulso de los fondos europeos. Además, sobre el conjunto de las medidas de ingresos incluidas en los PGE, la previsión de Hacienda es que tengan un impacto de 1.862 millones en 2021 y de 2.135 millones en 2022, que se suman a los 4.223 millones que calcula que aportarán todas las medidas tramitadas al margen de los PGE.

En concreto, el proyecto de PGE de 2021 incluye subidas impositivas a las rentas altas mediante un aumento de tres puntos en el IRPF de las rentas de capital superiores a 200.000 euros anuales y un incremento de dos puntos en el IRPF de las rentas del trabajo de más de 300.000 euros anuales. En la misma línea, el Ejecutivo plantea establecer la vigencia del Impuesto de Patrimonio de manera indefinida, ya que hasta ahora era necesario prorrogar su vigencia año a año, y eleva en un punto el tipo aplicable a partir de los 10 millones de euros de patrimonio, pasando del 2,5% al 3,5%.

Además, en línea con las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se reducen las exenciones fiscales a los planes de pensiones individuales al rebajar a 2.000 euros el límite de aportaciones máximas, mientras que se aumenta la de los planes de empresa al aumentar de 8.000 euros a 10.000 euros el límite conjunto de reducción, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo.

En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, se limita al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, mientras que a las empresas de menos de 40 millones de facturación interior anual se les seguirá aplicando la exención del 100% durante tres años.

En cuanto a la fiscalidad verde, se acerca la tributación del diésel a la de la gasolina, al reducir la bonificación hasta 38 euros por cada 1.000 litros y aumentar el tipo estatal de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, acercándose a los 40,07 céntimos por litro de gasolina, aunque se mantendrá la tributación y bonificación del gasóleo profesional.

Por último, los Presupuestos incluyen la revisión del impuesto a las primas de seguro, sin modificaciones desde 1998, incrementando el gravamen del 6% al 8%, de forma.

Estas medidas se suman a las que el Gobierno ya había anunciado previamente en el Plan Presupuestario que remitió a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre y cuya tramitación ha sido o es al margen de los PGE, como el impuesto a las transacciones financieras, conocido como tasa Tobin; el impuesto sobre determinados servicios digitales, tasa Google; el impuesto sobre envases de plástico de un solo uso; el impuesto sobre residuos; la subida del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% actual al tipo general del 21%; y la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude.

GASTO SOCIAL

Para la elaboración de estas cuentas públicas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de octubre un incremento del 53,7% en el límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’, hasta los 196.097 millones de euros, gracias a la suspensión de las reglas fiscales que permiten la Comisión Europea, la Constitución y la Ley de Estabilidad en caso de situación extraordinaria, como la vivida por el coronavirus. Sin embargo, el proyecto de Presupuestos contempla un gasto no financiero 1.639 millones de euros por debajo de dicho límite, situándolo en 194.457 millones de euros.

Según el cuadro macroeconómico del Gobierno, la estimación es que el déficit público cierre 2020 en el 11,3% y que en 2021 baje al 7,7%. De esta cantidad, la estimación del Ejecutivo es que el próximo año el déficit de la administración central sea del 2,4%, el de las comunidades autónomas se sitúe en el 2,2%, el de la Seguridad Social en el 3%, y el de las corporaciones locales sea del 0,1%. Sin embargo, la intención del Gobierno es asumir mediante transferencias la mitad del déficit de las comunidades autónomas y de la Seguridad Social, por lo que el déficit de la administración central sería del 5,2%, mientras que el de las autonomías quedaría reducido al 1,1% y el de la Seguridad Social al 1,3%.

Por el lado del gasto, Montero destacó que los Presupuestos de 2021 supondrán “el mayor gasto social de la historia”, con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un 6,2%. A este respecto cabe señalar que dicha cifra es superior a la del techo de gasto ya que este sólo tiene en cuenta el gasto de la administración central, mientras que la cifra de gasto social incluye el que realizan otras administraciones, como la Seguridad Social.

La mayor partida de gasto será la de pensiones, que, al revalorizarse en un 0,9%, en línea con la previsión de IPC, supondrán un gasto de 163.297 millones de euros, un 3,2% más que el Presupuesto homogéneo de 2020. Además, se incrementan en un 1,8% las pensiones no contributivas, mientras que el sueldo de los empleados públicos aumentará un 0,9%.

En Sanidad, se producirá un incremento en 3.149 millones, un 75,3% más, hasta los 7.330 millones, incluyendo los fondos comunitarios. En este ámbito, el Ministerio de Sanidad destinará 2.436 millones del fondo React EU a la compra de vacunas y reforzar la atención primaria. Para Educación, los Presupuestos incrementarán su financiación un 70,2%, con 2.017 millones más.