Así lo aseguró en un comunicado donde se hizo eco de la reunión con el Ministerio, donde "sólo ha transmitido a los sindicatos el estado de tramitación de la nueva ley". Para ANPE ha sido "una mesa que llega tarde y pierde su verdadero objetivo incumpliendo el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en lo que a negociación colectiva se refiere".

"La ausencia de diálogo respecto al conjunto de modificaciones que se introducen en el marco normativo actual unido a la falta de negociación, en todo lo que afecta a condiciones laborales del profesorado han sido la tónica general durante el proceso de tramitación de la Lomloe desde el inicio hasta la actualidad", agregó la organización que exige abordar la situación del profesorado "desde una dimensión global y conjunta y no con medidas parciales y aisladas" y debatiendo con los "legítimos" representantes del profesorado.

En el encuentro, ANPE ha propuesto cuestiones como que se integren todos los cuerpos docentes en el grupo funcionarial A1 y, dentro del futuro Estatuto de la Función Pública Docente, reconfigurar los cuerpos docentes, además del ingreso y acceso de unos cuerpos a otros.

"Exigimos una ley de la profesión docente donde se recoja y regulen, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial para el profesorado de las enseñanzas no universitarias. A su vez, se establezca, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. Además de establecer, en dicha futura norma, el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes", añadió el sindicato.

COMPETENCIAS Y CASTELLANO

La organización también mostró su desacuerdo en la reducción del contenido mínimo fijado por el Estado en los currículos al 50% en las autonomías con lengua cooficial y al 60% en el resto de las comunidades. "Esta medida ahonda más en la desvertebración educativa", criticó ANPE, que demanda "que el castellano debe seguir siendo considerado lengua vehicular en todo el Estado".

En su opinión, este proyecto de ley no viene precedido de un acuerdo básico o un pacto de Estado "que hubiera permitido sentar las bases de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que sirviera para dotar de estabilidad normativa y perdurabilidad al sistema educativo". "La Lomloe será una ley impuesta, donde el diálogo y la negociación con la comunidad educativa y sus legítimos representantes fueron los grandes ausentes", agregó ANPE.