La consejera madrileña expuso “las claras incoherencias detectadas” entre la posición del Gobierno central en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, celebrado el pasado mes de octubre, donde apoyaron mantener el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas, y su posición en la Eurocámara, donde votaron a favor del 30%, lo que supondrá una efectiva merma de los ingresos de ayuda para aquellos agricultores o ganaderos que no realicen prácticas ambientales o climáticas.

Los ecoesquemas son pagos que están configurados como una nueva ayuda que se abonará al sector agrario siempre y cuando cumplan unas condiciones extras, además de sus prácticas habituales. Condiciones que debe definir cada país y que en el caso de España están por concretar.

En este sentido, la Comunidad de Madrid pide que "el importe del presupuesto de ayudas directas dedicado a este apartado sea el mínimo establecido” y “se dedique el máximo posible de dicho presupuesto a la ayuda básica a la renta”, apuntó la consejera.

Recordó que “si los agricultores no tienen acceso a ayudas asociadas ni a los ecoesquemas podrían tener pérdidas de rentas muy importantes” por lo que pidió al ministro que “explique a los agricultores españoles estas diferencias de criterio”, al tiempo que recalcó que la Comunidad de Madrid “defenderá siempre los intereses del campo español y seguirá mostrándose contraria al recorte del 10% de los fondos de la PAC".

"Es inaceptable que se exija a los agricultores españoles mayores esfuerzos y se fijen cada vez objetivos más elevados”, añadió.

En este sentido, Martín dijo que la PAC “debe seguir siendo un fondo eminentemente agrícola ya que tiene como objetivo fundamental la producción de alimentos de calidad a precios asequibles”, al tiempo que indicó que el Ejecutivo regional “está plenamente comprometido con la transición climática de la economía europea”.

Además, consideró “necesario adaptar nuestro modelo de producción y transformación a las demandas de los consumidores sin que éstas tengan impacto negativo en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, así como en los mercados”.

También afirmó que “deben de implementarse nuevas actividades económicas en el medio rural derivadas del Pacto Verde que puedan servir de lucha contra la despoblación”.

SITUACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA

La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad reivindicó, además, las necesidades del mercado agrícola e instó al Ejecutivo central a que aclare con respecto a la definición de agricultor genuino -aquel que tiene un porcentaje significativo de ingresos procedentes de la actividad agraria- el número de los que "se podrían acoger al sistema de pequeños agricultores y qué porcentaje se quedaría fuera”.

Además, destacó que, en la región, el 40% de los beneficiarios cuentan con ingresos agrarios por debajo del 20%.

En lo que respecta al pago redistributivo, aquel que podrán cobrar sólo los agricultores profesionales, Martín señaló que desde la Comunidad de Madrid “abogamos como destinatario de estos pagos a aquellos agricultores profesionales cuyos ingresos agrarios con respecto a los ingresos totales sean de al menos del 50%”.

Mientras que, con relación a la ayuda básica a la renta, señaló que “seguirá siendo necesario esperar a 2023 para alcanzar la convergencia y pasar al sistema de pago por superficie”.

Por último, indicó que el Ejecutivo regional apuesta por “dar continuidad a las líneas con mayor demanda en el Plan de Desarrollo Rural (PDR) e incorporar nuevas que tengan demanda en el sector agroganadero”, así como “fomentar la incorporación de los jóvenes al campo madrileño” y “defender las actuaciones medioambientales y forestales”, además, “de seguir considerando que computen las ayudas a zonas con limitaciones naturales”.