“Hubo un tiempo en que el Impuesto de Sociedades tenía una bonificación de un 10% para las empresas que hicieran aportaciones a sistemas de pensiones para sus trabajadores. Aquello desapareció y habría que recuperarlo; el 10% o lo que fuera, pero hay que crear un incentivo fiscal para las empresas”, reclamó en una entrevista con Servimedia.

La segunda vieja medida fiscal que, a su juicio, es imprescindible enmendar sería la decisión de que dichas aportaciones pasasen a tributar a la Seguridad Social. “Por necesidad recaudatoria tuvimos un decretazo hace unos años, un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, en el que la Seguridad Social decidió que las aportaciones del empresario para las pensiones complementarias de sus trabajadores debían entrar a formar parte de la base de cotización y eso hay que revertirlo”, demandó, explicando que al “incorporarla a la base de cotización y pagar la Seguridad Social también” las aportaciones se encarecen “muchísimo” a los empresarios.

A juicio de la presidenta de Unespa, las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar el sistema de las pensiones “son todas muy bien intencionadas, pero tímidas” y “mejorables” ya que “algunas van a ser muy poco eficaces”, aunque lo realmente importante será “cuáles puedan ser las propuestas regulatorias que el Gobierno ponga encima de la mesa” para llevarlas a cabo.

Entre las medidas aconsejadas, la presidenta de la patronal del seguro consideró “bueno pensar en la prolongación de la vida laboral y, por tanto, en esa aproximación de la edad real de jubilación a la edad legal”, confiada en que el Gobierno regule para que ocurra. En este ámbito subrayó, por ejemplo, que “sólo compatibiliza el 50% de la pensión de jubilación con el salario” cuando se quiere mantener una jubilación activa, lo que “probablemente merecerá que se vuelva a revisar”.

Incentivar largas vidas laborales será, a su juicio, “no solamente bueno para la continuidad y la solvencia de nuestro sistema de pensiones, sino también como país porque hay muchísimas cosas que los mayores pueden aportar a la sociedad y que no son sustituibles directamente por personas que están llegando a nuestro mercado laboral”.

PERJUICIO DE SUBIR PENSIONES CON EL IPC

En el otro extremo, entre las recomendaciones que no comparte, resaltó la idea de indexar la revalorización de las pensiones con el IPC cuando “todos, con carácter general, estamos sacando del sistema de pensiones mucho más de lo que ponemos y, desde luego, más de lo que va a poderse financiar con la evolución futura de los salarios”.

Para González de Frutos, garantizar que las pensiones se moverán al mismo ritmo que el índice de precios al consumo, con independencia de lo que pase con la tendencia demográfica, con los salarios del futuro y con la productividad, “es no apostar por la sostenibilidad del sistema, es apostar por algo de muy corto plazo”. “Debería estar en la responsabilidad de todos, pero fundamentalmente del Pacto de Toledo, el regular para los pensionistas de hoy y también para los pensionistas del mañana”, remarcó.

La intención de fomentar el ahorro para el retiro en el ámbito de la empresa lo suscribió por completo, pero tachó al Pacto de Toledo de timorato al no plantear medidas concretas. “Esa apelación ha venido estando en todos los documentos del Pacto de Toledo, desde el primero hasta el último” sin que “nunca jamás, al final, haya cristalizado en medidas concretas que cumplan con ese objetivo de fomento”, reparó.

A su juicio, habría que apostar con claridad por un sistema asimilable al británico, donde la empresa está obligada a inscribir al empleado y realizar aportaciones si así lo hace el trabajador, salvo que este último renuncie, y debería ser además el mecanismo que se aplique en el fondo de promoción pública anunciado por el Gobierno. La alternativa de fiar esta decisión a la negociación colectiva como se propugna en el documento del Pacto de Toledo resulta, a su entender, “ineficaz”: “Hemos pasado épocas de crisis económica como ahora. Hemos pasado épocas de bonanza y no ha tirado en el mundo de la negociación colectiva. Entonces, si no ha tirado hasta ahora, ¿va a tirar por el hecho de que tengamos un fondo específico con una determinada gestión?”, reflexionó con escepticismo.

González de Unespa arremetió además contra la decisión del Gobierno de rebajar las bonificaciones fiscales en los planes de pensiones individuales desde 8.000 a 2.000 euros, vinculándolo con el deseo de fomentar el desarrollo de esas huchas en el seno de las empresas y el argumento de que es una ventaja de la que se benefician las rentas más altas.

Según detalló, la rebaja de ese umbral “deja fuera a alrededor de un 30% de las aportaciones que se han realizado en el último ejercicio”, tendrá un impacto en el ahorro que necesita acopiar el país para depender menos de la financiación exterior y “deja a buena parte de los trabajadores en este momento sin alternativa posible alguna” como son los autónomos.

“Seis de cada diez trabajadores de este país estarán sin poder hacer su propio ahorro para la jubilación, cuando, además, desde el punto de vista de la recaudación, es neutro”, señaló, en alusión a que el titular de un plan de pensiones tiene que tributar cuando recibe el dinero en el momento de su jubilación, aunque se hubiese beneficiado de exenciones cuando efectuaba las aportaciones.

Precisamente por este sistema de “diferimiento”, la presidenta de Unespa concluyó que la rebaja fiscal “es claramente una medida recaudatoria”, alertando de que será “recaudatoria de muy cortito recorrido”. “Puede mejorar la recaudación de los primeros ejercicios, a corto plazo, pero a largo plazo la estamos perjudicando porque las rentas que se fueran a conseguir derivadas de las aportaciones que ahora no hacemos, no tributan en el futuro”, resumió.