Se trata de una medida negociada con Bruselas, entidades financieras y organismo supervisores para ofrecer un balón de oxígeno a las empresas cuyos negocios continúan limitados por la segunda ola del Covid-19, que el Ejecutivo prevé aprobar en el próximo Consejo de Ministros junto a un paquete de medidas económicas que podrían incluir ayudas a la hostelería y al comercio en ámbitos como alquileres.

Se está buscando un mecanismo o fórmula para que cualquier empresa pueda acogerse a la extensión del plazo casi de manera automática y sin discriminar por tipo compañía o sector, según explican a Servimedia fuentes financieras.

La propia vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, confirmaba este sábado que el Gobierno trabaja para aprobar la ampliación, sin detallar plazos, durante su intervención el ‘XXV Encuentro de Economía de S’Agaró’ organizado por la Cámara de Comercio de España, la Fundación Internacional Olof Palme y 'La Vanguardia'.

En su intervención destacó el éxito de los programas de avales indicando que, hasta el pasado 11 de noviembre, se habían realizado 876.000 operaciones garantizadas por el ICO que han permitido movilizar un total de 107.600 millones de euros, siendo el 98% en favor de autónomos y pymes.

La extensión operará sobre la primera línea de 100.000 millones de avales que otorgó el ICO, diseñada con hasta cinco años de plazo de devolución y uno de carencia en el repago, al principio de declararse la pandemia y cuando no se esperan los nuevos brotes. Precisamente el vencimiento de la carencia para algunas operaciones ya en el primer trimestre del 2021, sin que se haya restablecido la normalidad en las actividades económicas por los nuevos contagios, movilizó al Gobierno y sector para buscar una solución.

Se trata de ayudar a las empresas, ya que exigir el repago con los negocios a medio gas o incluso cerrados podría situar en serias dificultades a las compañías, generando impagos para la banca y, sobre todo, al Erario, al tratarse de operaciones avaladas por el ICO -asume en hasta un 80% los riesgos o quebrantos declarados en operaciones con pymes y autónomos y al 70% en grandes empresas-.

El plazo de ocho años que regirá no es nuevo sino que adopta el marco establecido precisamente por Bruselas para la línea que diseñó posteriormente el Gobierno para el segundo programa de avales de 40.000 millones de euros, ya más volcado en financiar proyectos de inversión empresariales que ayudarles con liquidez. Dicho programa mantiene los avales de hasta el 70 y 80% de la primera de línea del ICO, y fija un interés creciente para la empresa o autónomo que los solicita a medida que transcurren los años de la financiación, conllevando así un incentivo al repago anticipado.

Precisamente Bruselas ha aprobado en los últimos días que organismos públicos diferentes al ICO otorguen también créditos avalados, abriendo la puerta a que los proporcionen, por ejemplo, sociedades de garantía vinculadas a comunidades autónomas. Para ella regiría también el mismo marco de avales y plazos de hasta ocho años.

De forma adicional, la Comisión Europea permitirá al Gobierno ampliar la ventana para solicitar financiación avalada por el ICO con cargo a la línea de 40.000 millones de euros actualmente vigente y que vencía el próximo mes de diciembre. La prórroga será de seis meses, hasta junio del 2021.

Este último permiso, publicado en el Diario Oficial de la UE el pasado día 6, supone aprovechar el margen que la propia Comisión Europea ha fijado para que los países apliquen las medidas excepcionales de apoyo a sus empresas. La UE alargó su llamado ‘Marco Temporal’ al 30 de junio de 2021 hace unas semanas y al mismo ya se han acogido numerosos programas de apoyo similares al español de países como Francia, Grecia, Italia o Chequia.