Ciudadanos, Vox, Unidas-Podemos, PNV, JXCat y PSOE adelantaron que votarán a favor; ERC y Foro Asturias anunciaron su voto en contra, y el PP se abstendrá. Varios diputados pidieron la tramitación de esta norma como proyecto de ley.

Aprobado el pasado 3 de noviembre en Consejo de Ministros, este decreto-ley contempla el reparto de 26.404.089,44 euros procedentes del 0,7% del Impuesto de Sociedades entre 297 entidades estatales sin ánimo de lucro dedicadas a acciones de interés social.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, tomó la palabra en el Pleno para defender la norma, cuya necesidad justificó “por razones de urgencia”. Según Iglesias, este decreto-ley permitirá, por primera vez, el reparto de los fondos procedentes de la 'X Solidaria' de las empresas que, aunque aprobada en 2018, hasta 2020 no se ha hecho efectiva.

El vicepresidente admitió que la regulación de la 'X Solidaria' del Impuesto de Sociedades establecía que estas ayudas “deberían concederse por concurrencia competitiva” mediante desarrollo reglamentario y que, en cambio, la norma que hoy se debate recoge subvenciones nominativas.

“Las especiales circunstancias sobrevenidas” tras la declaración del estado de alarma retrasaron los trabajos del reglamento y, ante la posibilidad de “no llegar a tiempo”, el Gobierno decidió aprobar este real decreto, explicó.

Aseguró que su objetivo es ayudar a las entidades de acción social de ámbito estatal a “cubrir sus gastos de funcionamiento” para que puedan “hacer frente a los sobrecostes derivados de la pandemia de la Covid-19”, tales como la adquisición de equipos y el aumento de necesidades sociales entre los colectivos más vulnerables.

Serán beneficiarias de estas subvenciones entidades que trabajan en la protección de la infancia y la adolescencia en riesgo; la promoción de la igualdad; la atención a personas con discapacidad; la lucha contra la violencia de género y la atención a sus víctimas; el apoyo a las personas mayores, y la inclusión social de colectivos como migrantes, población reclusa, personas sin hogar, pertenecientes al pueblo gitano o drogodependientes, entre otras.

La norma “nos va a permitir cumplir con el compromiso que adquirió esta Vicepresidencia Segunda de aumentar la financiación de todo el conjunto del tercer Sector”, declaró Iglesias. Agregó que “es obligación del Gobierno y de justicia reconocer y agradecer el gran esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil, que en los últimos meses han redoblado sus esfuerzos para atender a miles de personas” afectadas por las consecuencia sociales, económicas y sanitarias de la Covid-19. “En nombre del Gobierno de España, muchas gracias”.

Asimismo, Iglesias extendió esta gratitud “a los contribuyentes y a las empresas que marcan la 'X Solidaria', ya sea en el IRPF o en el Impuesto de sociedades, que hacen posible miles de proyectos. “Al Ejecutivo le corresponde garantizar el reparto de estos fondos”. Por ello, pidió el respaldo unánime de la Cámara al decreto-ley, que “no debe entenderse como un apoyo al Gobierno, sino a todas estas entidades y personas”.