El texto cosechó 177 votos a favor (69 presenciales y 108 telemáticos), 17 abstenciones y 148 votos en contra (33 presenciales y 115 telemáticos) . Al tratarse de una Ley Orgánica, para remitirse al Senado eran necesarios 176 votos, mayoría absoluta de diputados. Votaron 342 diputados (102 de forma presencial y 240 de modo telemático).

El debate concluyó con división de opiniones en el Pleno del Congreso de los Diputados, pues tras la intervención de la socialista Luz Martínez Seijo, los parlamentarios que apoyan la norma la ovacionaron tratando de acallar las protestas de PP, Vox y Ciudadanos al grito de “¡libertad!”.

Esa situación, que se prolongó durante más de dos minutos, la presenciaron de pie y dando palmas el vicepresidente Pablo Iglesias y la propia titular de Educación. Tras el debate, la ministra Celaá dijo que lo había vivido “con mucha emoción” porque la ley va a llevar a una “mejora muy importante” al sistema educativo.

Antes, la sesión fue tomando intensidad y el PP y Ciudadanos insistieron en que recurrirán la ‘ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional e instancias europeas. “Es difícil de entender que tengamos que subir a esta tribuna a defender la libertad”, aseveró la diputada del Grupo Popular Sandra Moneo, quien dijo que el proyecto supera lo educativo y “asfixia a aquel que no se somete al pensamiento único”.

En su opinión, la Lomloe, “antes de ser aprobada es fallida” y supone una “ruptura del pacto constitucional”, por lo que los populares se ven obligados a una tarea “que tiene una dimensión histórica”. “Vamos a utilizar todos los instrumentos contra la reforma”, anunció.

Ya se levantó cierta algarabía en el Hemiciclo tras la intervención del diputado de Vox Joaquín Robles. “Quieren un pueblo adormecido y domesticado”, “activistas y no ciudadanos”, lamentó, criticando a los diputados de los partidos del Gobierno de llevar a sus hijos a centros concertados y calificándolos como miembros “de la izquierda caviar”. “La Lomloe certifica el final del papel de ascensor social de la enseñanza, ejercido por los defensores de las clases desfavorecidas”, les dijo.

Marta Martín, de Ciudadanos, también escuchó algún aplauso cuando anunció que su grupo votaría “a dos manos” contra la reforma, porque supone una “coacción a los derechos fundamentales de todos los españoles” y un “parcheado”. En su opinión, la norma “ha conseguido cabrear a todo el mundo y no tiene garantías democráticas.

Martín recalcó que el texto supone un “ataque a la libertad de elección” al eliminar el concepto de la demanda social por uno “estalinista”, que es “un intento de engaño a socios europeos”, con la promoción con suspensos para reducir el fracaso escolar, e implica la “demolición de competencias” de la alta inspección educativa, y “el mercadeo más palmario” al considerar que el castellano es lengua “impropia” y no vehicular.

Antes de la división de opiniones final, la diputada socialista Luz Martínez Seijo enumeró una serie de “mentiras” que en su opinión ha difundido la oposición sobre la reforma. En este sentido dijo que es “un relato ficticio” que la ley acabe con el castellano como lengua vehicular, pues “está triplemente garantizado”, que “los centros de educación especial no se van a cerrar” y que no se eliminan oposiciones para acceso a la función docente ni para inspección. “Hoy es un día histórico”, concluyó, subrayando que derogar la Lomce es “un compromiso adquirido”, zanjó, apelando a la oposición a que se lea el texto.

Y desde la bancada del grupo confederal de Unidas Podemos, Javier Sánchez, se felicitó porque el texto debatido "entró como un texto monocolor y sale de Gobierno de coalición" y recoge peticiones de su grupo, como la defensa de la educación pública, el fomento de la educación de 0 a 3 años y "corregir" la segregación. "Por eso están las tres derechas muy cabreadas", sostuvo, acusando a la oposicion de una "campaña de desinformación, bulos y mentiras".

VALORES CÍVICOS

El Congreso aceptó una enmienda al dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Formación Profesional la semana pasada, en concreto, una transacional de Más País y Equo, sobre la asignatura de Valores Éticos y Cívicos. En la Comisión se aprobaron previamente otras enmiendas que han resultado más polémicas, como la que elimina el castellano como lengua vehicular y la limitación a la educación concertada.

Tras el debate, la propia ministra Celaá defendió ante la prensa que el castellano está “perfectamente garantizado” en su reforma educativa y apuntó que le hubiese gustado tramitarla “con más consenso”, en referencia a los grupos de PP, Vox y Ciudadanos que no la respaldan. Pese a todo, indicó, en el Gobierno están "muy felices" por este nuevo paso en la tramitación de la reforma.

REPÚBLICA CATALANA

Montserrat Bassa, del Grupo Republicano, defendió "como pedagoga" la reforma pero “no tanto” como independentista. “No es nuestra ley, pero es mejor de lo que había”, dijo, subrayando que se dan “avances muy importantes”, frente a la ley vigente, con la que, dijo, el ministro Wert (PP) se propuso “españolizar” a los niños catalanes. No obstante, aseveró: “La mejor garantía para la escuela catalana es la república catalana”.

En el turno del Grupo Plural, el diputado del BNG Néstor Rego subrayó que su grupo presentó 100 enmiendas al texto original, pero que no les parece “conveniente” volver “a la situación pre Lomce”. También aseveró que en la Ley Celaá hay “muchas cuestiones que quedan cortas”, por lo que anunció su abstención.

Inés Sabanés (Más País-Equo) también suscitó algunos aplausos cuando acusó a la Comunidad de Madrid de despedir a mil profesores y lamentó que “cuando hablamos de educación acabamos hablando de la religión y la lengua”. A lo que añadió que “los problemas reales” son los recortes y la falta de financiación en la pública, el fracaso escolar, la desigualdad y segregación y la precariedad de los profesores.

Por Junts per Catalunya, Sergi Miquel y Valentí, subrayó el “tono” del PSOE en la elaboración de la reforma, revindicó la inmersión lingüística y lamentó “cierta obsesión” con lo público “frente a que las cosas sean de calidad”, dijo en defensa de la concertada.

CONCERTADA

También defendió la red concertada la diputada de EAJ-PNV, Gorospe Lezcano, que revindicó una red que combine la educación pública y la concertada, como “un modelo de éxito”. “Les necesitamos”, aseveró recalcando que su grupo presentó una enmienda sobre ello, apoyada por Junts per Catalunya. La diputada también recordó que en su programa electoral estaba la sustitución de la Lomce. “La Lomloe ni ninguna ley es nuestra ley”, aseveró, en referencia a que sienten como propia sólo la ley vasca. “Como todas”, reafirmó, “es una ley con vicio de invasión”.

Por el Grupo EH-Bildu, Isabel Pozueta lamentó que el Gobierno “marque de manera significativa varias líneas de trabajo” en educación. “No queremos ser meros gestores de lo que se nos permite”, subrayó, en referencia a lo que consideran invasión de competencias. Pese a que “se han dado pasos” para derogar una ley “retrógrada”, la reforma se queda “corta” en sus demandas, como en inmersión lingüística, recalcó.

Beltrán Botrán (CUP) rechazó apoyar la reforma “porque no supone cambio necesario en la escuela pública, como única red”. “Esta ley no blinda la inmersión lingüistica y sin embargo es la que garantiza el aprendizaje en lenguas minorizadas como el catalán”, frente a los “privilegios” del castellano en “otros ámbitos”, añadió.

SIN IDEOLOGÍA

Ana Oramas (Coalición Canaria) pronosticó que la reforma “tiene los días contados”. “La educación tiene que ser un proyecto de país, sin ideología y sobre todo dotada de los recursos económicos para que se pueda”, dijo, recordando que no se haya dado interlocución con los distintos actores del ámbito educativo en el Congreso y que se haya intentado confundir la concertada con la privada.

El diputado de UPN Sergio Sayas también mostró su rechazo a la reforma y resaltó que la nueva ley es “una mezcla de sectarismo y ataque a la libertad”, que “devalúa” los títulos y permite dejar pasar con suspensos y es “un pago al radicalismo excluyendo el español como vehicular”. Además, acusó al Gobierno de “pagar el peaje que sea necesario para mantenerse en el banco azul”, comentario que arrancó los primeros aplausos que se escucharon en la sesión.

José María Mazón (del Partido Regionalista de Cantabria), apeló a que el castellano sea vehicular frente a que se elimine esa condición como “un paso más a la independencia” y se fomente el “odio hacia lo español” y defendió la concertada.

El representante de Teruel Existe, Tomás Guitarte, anunció su abstención e indicó que “la escuela debe cambiar esta sociedad”. Además, llamó a rubricar un pacto educativo duradero al estilo de Finlandia.