Como prioridades, destacó la necesidad de consensuar los porcentajes de la recaudación vía casilla de 'fines sociales' del IRPF que deben ser gestionados respectivamente por las comunidades autónomas y por el Estado, garantizar una financiación estable del sector y mejorar la transparencia.

El vicepresidente realizó este anuncio ante el Pleno del Congreso de los Diputados, donde acudió para defender el decreto ley de medidas urgentes de apoyo a las entidades de ámbito estatal del Tercer Sector social. En su intervención, Iglesias aseguró que esta norma responde a “razones de urgencia evidentemente justificadas”, pues permitirá el reparto de 26 millones de euros procedentes de la 'X Solidaria' de las empresas entre 297 entidades estatales de acción social.

Admitió que la regulación de la 'X Solidaria' del Impuesto de Sociedades, aprobada en 2018 pero que “llegará por primera vez a las entidades sociales en 2020”, establecía que estas ayudas “deberían concederse por concurrencia competitiva” mediante desarrollo reglamentario y que, en cambio, la norma que hoy se debate recoge subvenciones nominativas.

“Las especiales circunstancias sobrevenidas” tras la declaración del estado de alarma retrasaron los trabajos de reglamento y, ante la posibilidad de “no llegar a tiempo”, el Gobierno decidió aprobar este real decreto, explicó.

Aseguró que su objetivo es ayudar a las entidades de acción social de ámbito estatal a “cubrir sus gastos de funcionamiento” para que puedan “hacer frente a los sobrecostes derivados de la pandemia de la Covid-19”, tales como la adquisición de equipos y el aumento de necesidades sociales entre los colectivos más vulnerables.

Con todo, el vicepresidente se mostró consciente de que esto “ha sido una solución excepcional “, ya que “la financiación del Tercer Sector precisa una revisión profunda en torno a tres ejes fundamentales”.

El primero se refiere a la necesidad de “llegar a un consenso, respetando la doctrina de los tribunales, entre Estado y comunidades autónomas” en el reparto de la recaudación procedente del 0,7 % de la casilla de 'fines sociales' en el IRPF. El segundo, prosiguió, tiene que ver con “la necesidad de asegurar una financiación que permita la sostenibilidad del sector y garantice viabilidad económica de los proyectos y de las entidades a largo plazo”.

Finalmente, iglesias apostó por mejorar “la transparencia en la gestión del dinero que los contribuyentes deciden aportar”, con una mayor rendición de cuentas y la evaluación de los proyectos subvencionados.

Estas cuestiones serán abordadas la semana que viene en la reunión que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales tendrá con el Consejo Nacional de ONG de Acción Social y también en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, indico Iglesias. Su objetivo es mantener un diálogo profundo entre Gobierno, comunidades autónomas y Tercer Sector, a fin de llegar a “un acuerdo estable sin demora”.