Fuentes de la negociación comentaron a Servimedia que la reunión del pasado jueves se resolvió sin avances y con el compromiso del Ejecutivo de remitir un nuevo texto que se podría abordar en el encuentro del próximo jueves.

De momento, el Gobierno ha aceptado la propuesta sindical de crear un registro público de plataformas digitales en el que se recojan los algoritmos que éstas usan para su actividad, cómo se organizan, desarrollan sus servicios o supervisan a los empleados.

Esta información servirá para evitar fraude laboral y determinar si la plataforma tiene que cumplir con el marco laboral.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere clarificar la legislación para facilitar la distinción entre asalariados y autónomos de los trabajadores de las plataformas digitales. En un principio se propuso que la norma afectara solo a los ‘riders’ o repartidores a domicilio que trabajan para estas empresas, pero se acordó ampliar el alcance a todos los empleados de plataformas.

Los sindicatos CCOO y UGT también han propuesto la creación de un observatorio tripartito de plataformas como espacio tripartito de diálogo social. Defienden “regular la actividad económica que desarrollan estas plataformas para conseguir que el avance de la economía digital sea seguro, ordenado y justo”.

Por su parte, la patronal que agrupa a las plataformas digitales dedicadas al reparto de comida, Adigital, advirtió el pasado mes de octubre de que una “potencial laboralización” de los repartidores en España supondría que 23.000 trabajadores perderán sus ingresos y los restaurantes dejarán de facturar más de 250 millones de euros.

Adigital pide soluciones que “preserven la flexibilidad y competitividad del mercado laboral y, al mismo tiempo, garanticen mayores derechos y protecciones”.

Cabe recordar que el Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema público de pensiones. Entre ellas destaca que “muchas actividades desarrolladas a través de plataformas digitales se caracterizan por ser esporádicas o marginales en función del tiempo de trabajo; resulta clave favorecer su inclusión dentro del sistema, como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad”.

Además, han aparecido sentencias como una del Tribunal Supremo en la que declara la naturaleza laboral y no autónoma entre un repartidor y la empresa Glovo.

También, las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social están resultando en regularizaciones de miles de autónomos de plataformas digitales como afiliados al Régimen General.