Pérez de los Cobos había sido citado a declarar este lunes como testigo por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. El trámite administrativo de las partidas de fondos reservados pasaba por sus manos y eran autorizados por el departamento que estuvo bajo su dirección durante siete años.

El testigo detalló el mecanismo para la disposición de fondos reservados en el Ministerio del Interior y aseguró que nunca vio ninguna referencia escrita a una operación destinada a vigilar al extesorero del PP, ni tampoco supo nunca de los destinatarios del dinero. Los pagos dependían, en última instancia, de la Secretaría de Estado de Interior, en la época del ministro Jorge Fernández Díaz.

En esta pieza separada del 'caso Tándem' se investiga si se puso en marcha una operación parapolicial para espiar a Bárcenas y a su mujer y sustraerles documentación que pudiera perjudicar al Partido Popular, en ese momento presidido por Mariano Rajoy. Para ello, se habría captado al conductor de la familia, Sergio Ríos, al que se pagó con fondos reservados durante dos años a razón de 2.000 euros al mes.

Pérez de los Cobos coordinó el operativo para impedir el referéndum del 1-O en Cataluña y fue defenestrado como jefe de la Guardia Civil en Madrid el pasado 24 de mayo por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Interior destituyó al coronel como responsable de la Comandancia de Madrid por “pérdida de confianza” tras filtrarse a la prensa un informe elaborado por agentes a sus órdenes sobre la celebración de la manifestación del Día de la Mujer en Madrid el pasado 8 de marzo y su supuesta relación con la propagación del Covid-19.

La declaración del coronel de la Guardia Civil se produce después de la celebración del careo entre el exministro del Interior del PP Jorge Fernández Díaz y quien fue su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que desembocó en un choque frontal entre ambos en defensa de sus respectivas versiones.

Fernández Díaz sostuvo que no tuvo conocimiento de ninguna operación irregular en su departamento, negó haber enviado o recibido los SMS que demostrarían que estaba al tanto y acusó a su 'número dos' de manipular los mensajes. Por su parte, Martínez se presentó como mera correa de transmisión de las órdenes del ministro y se quejó de haberse visto abandonado por el PP y su presidente, Pablo Casado.

El juez ordenó una nueva ronda de declaraciones y citó en primer lugar a Pérez de los Cobos por haber sido director del Gabinete Técnico de la Secretaría de Estado de Interior en esa época y, por tanto, responsable de las certificaciones de salida de los fondos reservados a nivel técnico. Hoy ha respondido sobre el uso de fondos reservados puesto que Martínez le señaló como el responsable de la contabilidad de esos fondos y de comprobar su destino.

Su nombre también salió a relucir en las declaraciones de los dos secretarios generales que tuvo la Dirección Adjunta Operativa de la Policía en las fechas investigadas. Tanto José Manuel Benavides como Enrique Lacasa, señalaron a Pérez de los Cobos como el responsable que debía controlar los detalles sobre el destino de los fondos, porque los agentes que realizaban el gasto debían justificarlo ante él.

Esta semana, el juez García Castellón también tomará declaración a una agente de las que hizo vigilancia en el domicilio de la familia Bárcenas. Sería su segunda declaración. En la primera reconoció la existencia del operativo de vigilancia, del que dijo, no duró mucho. Fue esta agente la que coincidió con otro en tareas de vigilancia al extesorero y preguntó por esta circunstancia a su superior, quien le dijo que se trataba de un relevo. También este segundo agente está citado a declarar.

El 24 de noviembre está citado el comisario Marcelino Martín Blas, exresponsable de Asuntos Internos e imputado en esta causa, que deberá responder del hallazgo de un vehículo de su unidad en los alrededores de un taller frecuentado por Rosalía Iglesias y que no estaría justificado.

Hasta ahora, Martín Blas ha intentado convencer al juez de que el agente encargado de la vigilancia recibía órdenes directas del PP. Se trataba de Jesús Vicente Galán, ex inspector jefe de la Sección de vigilancia y seguimientos de la Unidad, que fue nombrado agregado de Interior en Mauritania y que fue destituido en 2018 por el ministro Fernando Grande-Marlaska, que también cesó a Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, dos agentes vinculados a la denominada 'policía patriótica'.

Un día después, el miércoles 25 de noviembre, volverá a comparecer ante el juez el chófer de los Bárcenas que solicitó volver a declarar de manera voluntaria. En esta pieza se investiga si Ríos fue captado como confidente de un operativo en el que habría estado implicada la cúpula policial bajo mandato del Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de sustraer documentación comprometedora para el Partido Popular de manos de Bárcenas y su familia.

Esta nueva declaración de Ríos cobra importancia puesto que él podría desvelar quien le contactó, con que órdenes y si tuvo en algún momento conocimiento del destino de la información que sustrajo.