El Ejecutivo plantea en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 reducir de 8.000 a 2.000 euros la cantidad máxima deducible cuando un particular aporta dinero a su plan de pensiones individual, con el argumento de favorecer el ahorro en el seno de la empresa, donde eleva dichos umbrales desde los 8.000 euros a 10.000.

Coincidiendo con el debate de los Presupuestos en el Congreso, las asociaciones han divulgado este martes un documento donde avisan de que la modificación “perjudicará a millones de autónomos y trabajadores de pymes” y restringe un vehículo que permite a los ciudadanos acopiar ahorro para su retiro.

Junto a la CEOE, Cepyme y ATA lo firman la patronal de los bancos AEB, antiguas cajas CECA, cooperativas de crédito Unacc, la de seguros Unespa e inversión Inverco, el Instituto de Estudios Económicos, la asociación de capital riesgo Ascri y las asociaciones vinculadas al mundo de seguro Adecose, Aedaf, Amaef, la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, Fecor, Ocopen y el Instituto de Actuarios Españoles.

Según advierten en el documento, en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados “con carácter directo e inmediato por la medida”, siendo muchos de ellos trabajadores por cuenta propia o empleados de pymes.

“La encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”, emplazaron los firmantes.

Según indicaron, la medida es “discriminatoria para la gran mayoría de la población ocupada española”, ya que afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social y a los empleados de las pymes, “en las que el ahorro colectivo apenas está presente”.

El segundo motivo por el que la reforma que propone el Gobierno puede implicar a su juicio “efectos indeseados” es la cuantía “insuficiente” de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros.

Estiman que con el límite de 2.000 euros en deducciones por año, un trabajador podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero. “Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual insuficiente para complementar la pensión pública”, advirtieron.

Además, avisaron de que este sistema es ineficiente cuando a lo largo de una trayectoria profesional puede darse etapas de bajos ingresos como en la crisis actual donde el individuo podría necesitar rescatar su plan de pensiones, pudiendo aportar más en otros momentos de su carrera.

Por eso abogaron por sustituir los límites actuales por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral.

Por último, avisaron de que la fiscalidad en los planes es un “mero diferimiento”, ya que hay que tributar cuando se recupera con la jubilación, aunque haya exenciones al realizar las aportaciones e indicaron que la medida del Gobierno va contra las prácticas internacionales. “En prácticamente todos los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) existen estímulos fiscales al ahorro y se conceden incentivos fiscales adicionales para la promoción y desarrollo de sistemas de previsión social, tanto empresariales como individuales”, concluye su documento.