En su defensa de la moción, la portavoz de los populares, Paloma Inés Sanz, subrayó que este tipo de numeración “siempre ha estado en el punto de mira” por, a su juicio, “haber sido en muchas ocasiones una vía de aplicación de costes elevados” para el consumidor.

En este punto, precisó que el coste de la llamada a una de estas numeraciones desde un móvil es hasta seis veces superior al coste de un teléfono fijo y recordó que ya el 2 de marzo de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que los 902 “no se pueden utilizar para la prestación de servicios de atención al cliente”.

Además, las empresas que actualmente dispongan de uno de estos servicios con esta tarificación deberán “modificarlo” por una línea 900 gratuita o por un número geográfico, generalmente incluido en las tarifas planas o, en su defecto, con un coste de tarifación básica.

ANUNCIO DE CONSUMO

Por ello, el PP presentó esta moción para que, en un plazo máximo de seis meses, el Ministerio de Consumo “cumpla con su anuncio” de modificar la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, para suprimir o eliminar definitivamente estas numeraciones en los servicios de atención al cliente y que sean sustituidas por teléfonos gratuitos o líneas convencionales con prefijo geográfico.

Ya en el turno de portavoces, advirtió de que, tras la sentencia de la justicia europea, el Gobierno de Mariano Rajoy “se puso a trabajar y tenía sobre la mesa la solución de esta situación” para hacerla “ya efectiva”, por lo que criticó que, desde entonces, el PSOE “no haya hecho absolutamente nada hasta ahora”.

A este respecto, por el Grupo Socialista, el senador Alfonso Escudero hizo hincapié en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha dado “los primeros pasos” en la modificación de la actual normativa abriendo a exposición pública el anteproyecto de ley de modificación del texto refundido de la citada ley para introducir el concepto de consumidor vulnerable y modificar algunos aspectos del régimen de comprobación y servicios de atención al cliente.

En este sentido, defendió que la propuesta del Ejecutivo es “mucho más ambiciosa” que la presentada por el PP y reconoció que la actual crisis exige servicios de atención al cliente “accesibles, rápidos y de calidad y que aporten seguridad tanto en la información como en la asistencia suministrada”.

Sus ejes principales serán la protección de los derechos generales de consumidores y usuarios, con “especial atención” a aquellos que se encuentren en situación de “fragilidad, indefensión o pérdidas de ingresos u otros factores sociales o económicos”.

Por todo ello, “por responsabilidad y coherencia”, los socialistas se abstuvieron en la votación final de una moción que Escudero consideró que está “llena de oportunismo e incoherencia”, al entender que los ‘populares’ piden al Gobierno un plazo de seis meses “cuando tuvieron 15 desde la fecha de la sentencia del tribunal de la UE”.

En la misma línea, desde el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Carles Mulet exigió “un poco de coherencia” y estimó que la propuesta del departamento de Alberto Garzón “va en la buena dirección”, mientras que la del PP “no aporta nada nuevo”. “No porque una comisión del Senado inste al Gobierno a que tome una medida que está tomando ya esta será más rápida o contundente”, sentenció.

En el extremo opuesto, el senador del Grupo Mixto José Manuel Marín, representante de Vox, se mostró “de acuerdo” con la moción del PP y denunció que una persona “tenga que pagar seis veces más por una llamada de necesidad”.