La jueza considera en su sentencia que “los hechos declarados probados en la presente resolución, en lo que se refiere a la participación de la acusada, no son constitutivos de infracción criminal, por lo que la conducta de la acusada no debe ser objeto de reproche penal”.

La sentencia considera que no está “acreditada la participación” de la alcaldesa en los hechos enjuiciados, ni tampoco “existe prueba de cargo suficiente que le haga acreedora del reproche penal”.

Del resultado de la vista oral y tras valorar toda la prueba la jueza determina que “no puede concluirse que la conducta de la acusada vulnere lo dispuesto en la resolución del Tribunal Constitucional, máxime cuando después de un apercibimiento genérico de impedir o paralizar iniciativas, establece un mandato más particular y concreto, y es la abstención de una serie de acciones, abstención que se ha probado debidamente que la acusada realizó”.

En la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Figueres, que no es firme, consta que no está probado que la alcaldesa diera "órdenes expresas ni tácitas" para contravenir la resolución del Constitucional que le ordenaba impedir el referéndum, ni facilitó las llaves o los espacios para llevar a cabo la votación.