El documento sale adelante con 199 síes del PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV o PDeCAT, frente a 53 'noes' y 94 abstenciones entre los que figuran las de Vox y el PP, que justificaron la ausencia de su respaldo en un "abuso" de la figura del real decreto para regular por la vía urgente una multiplicidad de aspectos, afeando que se haya utilizado este recurso ya en 34 ocasiones.

Durante su defensa, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, enmarcó la adopción del “importante paquete” dentro de la “red de seguridad que venimos tejiendo desde el pasado mes de marzo para proteger el tejido productivo, proteger el empleo y las rentas familiares frente a la crisis que ha causado la pandemia del Covid”.

A tal efecto recordó que el primer paquete de medidas se creó para enfrentar la situación de shock y “disrupción de la actividad económica” causada por las medidas de restricción de la movilidad para frenar los contagios y el segundo puso en marcha un plan de reactivación de la actividad económica y recuperación de empleo para acompañar el levantamiento de las restricciones con actuaciones como las líneas ICO o los ERTE.

113.000 MILLONES MOVILIZADOS POR EL ICO

Sólo en avales detalló que se han movilizado ya 113.000 millones de euros en financiación hasta el pasado miércoles, sobre todo para pymes y trabajadores autónomos; y con los ERTE y la prestación extraordinaria para autónomos se ha “evitado una destrucción masiva de empleo, incentivando la reincorporación de los trabajadores a sus puestos”.

Según defendió, dichas actuaciones han permitido ir normalizando la situación “protegiendo” las rentas de las familias y manteniendo “una base sólida de tejido empresarial y económico”, “evitando efectos estructurales más profundos y permanentes que hubieran podido poner en riesgo la recuperación” y es lo que ha permitido que el PIB creciese un 16,7% en el tercer trimestre y se hayan recuperado “dos tercios de los empleos destruidos entre marzo y abril” o 650.000 puestos de trabajo. “Se han sobrepasado los 19 millones de afiliados y el empleo ha mantenido la evolución positiva en los meses de octubre y noviembre y en los primeros días de diciembre”, resumió.

La ministra refirió que parte de esos “buenos resultados” obedecen a la adaptación continua de las medidas a la situación cambiante por la pandemia y que es precisamente la que justifica el nuevo real decreto. “El objetivo fundamental es seguir garantizando la efectividad de la red de seguridad de cara a los próximos meses, hasta que por fin dejemos atrás la situación extraordinaria generada por la pandemia”, resumió.

Entre otras medidas el real decreto da instrucciones al ICO para ampliar de uno a dos años el plazo de carencia de los avales y de 5 a 8 años el plazo de amortización en préstamos concedidos para las empresas y autónomos que lo soliciten y que cumplan con los criterios de elegibilidad (fundamentalmente, no estar en mora ni incursas en procedimiento concursos). Según detalló, el 73% de las operaciones concedidas con cargo a la línea de liquidez tenían un plazo de devolución de entre cuatro y cinco años, y podrán recibir así un mayor balón de oxígeno.

Pero de forma adicional habilita dos nuevos tramos de la línea de avales del ICO: una primera de 2.550 millones de euros para que puedan obtener financiación empresas y autónomos incursos en procesos concursales y otra de 250 millones para garantizar pagarés emitidos por el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) para compañías que no pudieron acogerse a dichas garantías con anterioridad.

Calviño explicó que se busca “ayudar a aquellos proyectos empresariales que, hasta la irrupción de la Covid, eran sostenibles y que en este momento y de manera coyuntural, pueden estar atravesando tensiones de liquidez o desequilibrios patrimoniales”, para que puedan recuperarse. Se amplía además hasta el 30 de junio del 2021 la ventana de concesión para préstamos avalados por el organismo.

El real decreto eleva además de 500 a 1.000 millones de euros el umbral a partir del cual las empresas deben pasar del mercado alternativo bursátil MARF al continuo para favorecer el uso de estos mercados para las pymes, crea una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1.000 millones y amplía la moratoria en los procedimientos concursales para evitar que, por dificultades transitorias, entren en procesos de insolvencia compañías y acaben “repercutiendo en la estabilidad económica y financiera del conjunto del país”.

‘GOLDEN SHARE’

Junto a estas medidas Calviño indicó que se incluyen otras como extender a los inversores comunitarios la necesidad de obtener un permiso del Gobierno para entrar en empresas estratégicas o invertir más de 500 millones en no cotizadas y extender esta ‘golden share’ para los inversores foráneos hasta el 30 de junio.

El real decreto amplía al 2021 la posibilidad de celebrar las juntas de accionistas de forma telemática o en localidades distintas a la de la sede, se extiende hasta el 30 de junio el plazo para que los ciudadanos puedan cambiar las pesetas que posean por euros; y se incluyen medidas de ámbito fiscal como rebajar hasta el 31 de diciembre desde el 21 al 4% el IVA aplicable a las mascarillas quirúrgicas desechables y fijar hasta final de abril el tipo cero en el IVA a la importación y adquisición de material sanitario como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros o respiradores, entre otros.

Incluye también un suplemento de crédito de 6.000 millones para los mayores gastos de la Seguridad Social y un crédito extraordinario de 2.300 millones para el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) por el aumento de costes asumido por la pandemia.

OPOSIÓN DEL PP Y VOX

El diputado del Vox, Ivan Espinosa de los Monteros, explicó que su formación “no puede votar a favor” porque el Gobierno lleva desde marzo realizando un “uso fraudulento del real decreto”, con 34 aprobados cuando su uso requiere que se dé la premisa “de urgente y necesaria” aplicación, “provocando un deterioro de la función legislativa” del Congreso.

Asimismo, afeó el uso del real decreto que hoy iba a la Cámara Baja para introducir cosas tan diversas como ampliar el plazo de canje de pesetas o introducir ayudas a producciones cinematográficas con inversiones extranjeras. “Es un abuso que, sinceramente, ninguno de esta Cámara debería tolerar (…) es una burla al poder legislativo. Por eso Vox no puede votar a favor”, espetó.

En clave similar el diputado de PP, Juan Diego Requena Ruiz, dijo que su partido se abstendría para “no seguir participando en un desastre” donde llevan 34 reales decretos y “prácticamente no ha tramitado ninguno”, criticando que en 24 artículos se incluyan ahora “once leyes de 5 ministerios”.

Coincidió en reprochar que la “extraordinaria y urgente necesidad” requerida para estas normas es “algo más que imaginativa” y acusó de que se use el actual real decreto para cosas como regular en el sector de hidrocarburos algo que, a su juicio, debería tramitarse como proyecto de ley. Por otro lado, arremetió contra la ‘golden share’, asegurando que “pone en peligro la libertad de mercado y libre competencia”.

El resto de diputados que tomaron la palabra expresaron su apoyo a unas medidas que, en general, estimaron necesarias como la diputada de EAJ-PNV, Idoia Sagastizabal, aunque pidió prudencia en la aplicación de las medidas de alivio con las empresas para evitar el riesgo de mantener empresas zombies.

La diputada de Ciudadanos, Mari Carmen Martínez, aplaudió que se dé “una burbuja de aire” a empresas y autónomos para que puedan “respirar” hasta que lleguen los fondos de la UE, aunque reprochó que los alargamientos en los plazos y carencias del ICO no hubieran llegado antes. Sin embargo, estimó “incompleta” la medida del IVA y detalló que su partido presentará en el Senado una enmienda para lograr que su rebaja se extienda a las mascarillas de más de un uso y cuestionó la ‘golden share’. “Genera una incertidumbre que no es buena para el mercado ni para atraer inversiones”, refirió la diputada de Ciudadanos, alertando de que altera “de manera sustancial el régimen de las inversiones en España” y “parece que lo hace con cierta intención de quedarse de forma permanente”.