La decisión ha sido respaldada por 16 de los veintiún miembros del órgano de gobierno de los jueces, es decir, ha sido apoyado por los vocales de extracción conservadora. El Consejo también insta a la Cámara Baja a recabar la opinión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y a oír a las asociaciones de jueces y fiscales y demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia.

El CGPJ trasladará el acuerdo adoptado hoy a la Red Europea de Consejos de Justicia. Además, vuelve a solicitar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado que procedan sin mayor demora a llevar a efecto la renovación del Consejo.

El Acuerdo indica que el pasado 15 de diciembre el Congreso de los Diputados tomó en consideración la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones.

A juicio del CGPJ, esta reforma “afecta al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial”. Entiende que el articulo 561.1 LOPJ establece la obligación de someter los anteproyectos aprobados por el Gobierno al informe del Pleno de este Consejo, en tanto que conforme al artículo 561.1.9 LOPJ dicho sometimiento es potestativo en el caso de las proposiciones de Ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios.

Eso significa que al no tratarse de un proyecto de ley del Gobierno, son los grupos que la impulsan los que tienen la opción de solicitar ese informe o no. El Consejo entiende que “la trascendencia constitucional de la modificación propuesta” requeriría ese informe para que la norma se ajustara a Derecho respecto a la normativa de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El pleno del Consejo añade que en su anterior Acuerdo de 30 de octubre de 2020, el Pleno del Consejo expresó su preocupación ante una iniciativa parlamentaria que incluía, entre otros, el contenido de la nueva proposición de Ley y que permanecería expectante ante la evolución de los acontecimientos a los efectos de adoptar las decisiones oportunas.

Ese mismo acuerdo instaba a los grupos parlamentarios de las dos Cámaras que integran las Cortes Generales a que dieran cumplimiento lo antes posible a la obligación constitucional de proceder sin más demora a la renovación de este Consejo. “Solicitud que debemos reiterar”, concluye.