Los fiscales que llevaron la acusación en el juicio, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, se oponen a la concesión de la gracia por entender que no se dan los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño necesarios que la petición cuente con su respaldo.

Es más, recuerdan que es la propia Constitución la que veta que un Gobierno se autoconceda el indulto ante delitos de traición o contra la seguridad del Estado, mencionando expresamente que esa medida de gracia pueda “operar, lejos de los parámetros de justicia, como moneda política de cambio en el campo de las negociaciones para la obtención de apoyos parlamentarios".

Los fiscales descartan incluso la aplicación de un indulto parcial, ya sea “mediante la reducción de la pena de prisión, bien mediante su sustitución por inhabilitación, teniendo en cuenta la enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas".