Así se recoge en el segundo 'Informe de indicadores de gobernanza ambiental', elaborado por SEO/BirdLife y dado a conocer este martes. El documento evalúa el desempeño de las administraciones e instituciones públicas españolas en materia ambiental.

"Los resultados de este segundo análisis muestran avances, algunos de ellos significativos, como es el caso del estado de la legislación. Sin embargo, en términos globales, el buen gobierno ambiental de las administraciones e instituciones públicas españolas sigue sin llegar al aprobado. Ante el inicio de un proceso de recuperación social y económica frente al Covid-19, que tiene que avanzar hacia un país más sostenible, no podemos permitirnos estas notas en ningún nivel de la administración pública", indicó la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz.

El trabajo analiza el grado de cumplimiento de seis variables incluidas en cuatro apartados: estrategias de desarrollo sostenible y cumplimiento del Derecho comunitario (dentro del apartado de estado de la legislación), conflictividad constitucional y actividad parlamentaria (acción de las instituciones), fiscalidad ambiental y procesos de participación pública. Cada uno de esos indicadores obtiene una puntuación: 'claramente favorable', 'moderadamente favorable', 'moderadamente desfavorable' y 'claramente desfavorable'.

El primer informe, con datos cerrados a diciembre de 2017, otorgó la peor nota ('claramente desfavorable') a cinco de los seis indicadores y la de 'moderadamente desfavorable' a la de participación pública. La segunda edición, con datos hasta diciembre de 2019, iguala las puntuaciones en actividad parlamentaria y fiscalidad ambiental ('claramente desfavorable'), y participación pública ('moderadamente desfavorable'), y mejora las de estrategias de desarrollo sostenible y conflictividad constitucional ('moderadamente favorable'), y cumplimiento del Derecho comunitario ('moderadamente desfavorable'). Es decir, sólo aprueban las estrategias de desarrollo sostenible y la conflictividad constitucional.

INDICADORES

En relación a la actividad parlamentaria, el informe indica que sólo 573 de las 71.288 iniciativas tratadas en la XII y la XIII legislatura del Congreso de los Diputados (de julio de 2016 a diciembre de 2019) tuvieron que ver con el medio ambiente, lo que representa apenas un 0,8% del total.

No obstante, ello supone una mejoría respecto al informe anterior (de enero de 2011 a octubre de 2017, es decir, la X, la XI y parcialmente la XII legislatura), cuando los temas ambientales abarcaron sólo un 0,44% de las iniciativas de la Cámara Baja.

La otra gran asignatura pendiente es la fiscalidad ambiental, en parte por la demora en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados cuatro veces en los últimos cinco años. En 2019 continuaban incumplidas las recomendaciones internacionales, comunitarias e incluso estatales al respecto.

Respecto a la participación pública en asuntos ambientales, no hay mejoría en la Administración General del Estado (con escasa actividad del Consejo Asesor de Medio Ambiente), en tanto que avanzan Cantabria y Comunidad Valenciana, y empeoran Asturias, Extremadura, Navarra y País Vasco.

El cumplimiento del Derecho comunitario roza el aprobado. El cierre de casos abiertos por la Comisión Europea, por incumplimiento o inadecuada trasposición, ha experimentado una mejora en España, al pasar de 38 casos abiertos en 2017 a 25. Pese a este avance, las administraciones públicas españolas siguen a la cabeza, empatadas con las de Grecia, en grado de incumplimiento.

Por otro lado, el informe da un aprobado moderado a la conflictividad constitucional, es decir, el número de ocasiones en que el Tribunal Constitucional es llamado a expresarse sobre la constitucionalidad de normas legales ambientales, promulgadas por los diferentes niveles competenciales de la Administración. Se entiende que una norma que haya contado con consenso en su preparación y aprobación no llega al Tribunal. La décima legislatura (diciembre de 2011 a enero 2016) marcó un máximo histórico al plantearse 213 co0nflictos entre Estado y comunidades, de los que 39 fueron ambientales. De ese máximo se pasó a una media de casi siete en 2018 y, de ahí, a tres. Lo más positivo es que los datos sobre actividad de las comisiones bilaterales (órganos de consenso interadministrativo que se activan en caso de existencia de un conflicto para evitar que llegue al Tribunal Constitucional) apuntan a que los acuerdos han aumentado significativamente.

También aprueba el grado de cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible). Permanecen como problemáticas las metas relativas a transporte público, limpieza de las aguas marinas y la lista roja de especies en peligro. SEO/BirLife valora la labor del Instituto Nacional de Estadística (INE), que en los últimos dos años ha puesto en marcha una nueva base de datos estadística online que permite consultar y hacer el seguimiento de los indicadores de los ODS a través de sus metas concretas.