Así lo recoge el informe de rendición de cuentas en el que se analiza la evolución del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno a lo largo del presente ejercicio y en el que, además de las políticas propias del ministerio, se detalla su participación en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular, en la que Consumo “lidera” la lucha contra la obsolescencia programada y el desperdicio no alimentario, según apuntó en un comunicado el departamento de Alberto Garzón.

En la misma línea, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado en este periodo un real decreto para garantizar la viabilidad de las pequeñas producciones alimentarias y hacerlas competitivas y para el próximo año tiene previsto “seguir avanzando” con la elaboración de un nuevo real decreto para el impulso del comercio de proximidad.

El informe de rendición de cuentas del Gobierno también detalla los compromisos adquiridos que están “en proceso de elaboración” por parte del Ministerio de Consumo y en este punto, el departamento de Garzón hizo referencia al “avance” en la implantación del sistema de etiquetado frontal de productos alimentarios NutriScore, tras haber sido sometido a consulta pública.

De forma paralela, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) continúa su “diálogo” con los agentes firmantes del Código PAOS para avanzar en la nueva regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a público infantil, ambos asuntos previstos para el próximo año como parte de una estrategia integral contra la obesidad infantil.

Otros de los compromisos adquiridos de cara a 2021 son la aprobación de una ley integral de servicios de atención al cliente y la modificación de la actual norma de defensa de consumidores y usuarios para regular la figura del consumidor vulnerable y homogeneizar los criterios en el conjunto del país.

De la misma forma, y como “compromiso fundamental” de Consumo en esta legislatura, avanza en la mejora de la normativa sancionadora de consumo de carácter estatal, cuestión que pretende abordar con las comunidades autónomas para evitar que las diferentes competencias entre administraciones conlleven la imposibilidad de establecer sanciones a empresas cuando las infracciones se cometen en distintos territorios, como, a su juicio, “ya ha ocurrido en múltiples ocasiones”.

JUEGO

Por lo que respecta a sus competencias en torno a la regulación de la actividad de apuestas y juegos de azar, entre los compromisos que han visto la luz este año el gabinete de Garzón subrayó la reorientación de la tasa por la gestión administrativa del juego de modo que parte de la recaudación del Gobierno por la actividad de los operadores repercute directamente en mecanismos de prevención de la ludopatía, a través del trabajo de la Dirección General de Ordenación del Juego.

En cuanto a las relaciones con las comunidades autónomas, el Gobierno adquirió el compromiso de “potenciar” la Comisión de Consumo en el seno de la Conferencia Sectorial y en este periodo, desde la Dirección General de Consumo se ha aprobado un reglamento de funcionamiento y se ha “mejorado” la relación entre Gobierno y comunidades.

Asimismo, según el departamento de Alberto Garzón, se “avanza” en la implementación de mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos y se “fortalece” el arbitraje en este sentido.

Entre otras actuaciones, Consumo también recordó que el Consejo de Políticas del Juego ha aprobado la interconexión de los registros nacional y regionales de personas que se autoexcluyen del juego de azar y apuestas con el objetivo de favorecer la “protección a miles de personas y familias” frente a los posibles problemas derivados de esta actividad legal.

Tras insistir en que en la actualidad existen distintos registros autonómicos y uno estatal, sin relación entre ellos, el gabinete de Garzón hizo hincapié en que, a lo largo del próximo año, firmará acuerdos con los diferentes gobiernos autonómicos para interconectar estas bases de datos y “endurecer” la protección a los jugadores.

Con respecto a los compromisos adquiridos en esta área que se encuentran “en proceso de elaboración”, Consumo ha abierto una consulta pública para la elaboración de un nuevo real decreto que aspira a “reforzar” la seguridad en el entorno ‘online’ y pretende abordar una estrategia común contra la ludopatía en el seno del Consejo de Políticas del Juego.

El compromiso adquirido es el de impulsar criterios homogéneos de

regulación del juego presencial y está previsto realizar una propuesta “consensuada” con las comunidades autónomas sobre su regulación que se elevará al Consejo de Políticas del Juego.

Por lo que se refiere al sector de los videojuegos, Consumo trabaja en medidas enfocadas a la protección de la población “más vulnerable” y su “intención” es abordar una reforma de la Ley del Juego que permita incluir determinados videojuegos en la normativa de juegos de azar a lo largo de 2021.