Se trata de un convenio que tiene su origen en 2002, con el que en 2019 se gestionaron autoliquidaciones por un importe de 550,7 millones de euros, y que, en esta ocasión, presenta una serie de novedades.

Hasta ahora, las 24 oficinas liquidadoras ubicadas en los Registros de la Propiedad se han encargado de informar, recibir declaraciones, proceder a sus liquidaciones o resolver recursos, entre otras tareas.

Sin embargo, con el nuevo acuerdo, las oficinas elaborarán autoliquidaciones a instancia del contribuyente utilizando los sistemas de la Comunidad de Madrid en las presentaciones y la asistencia para el pago por vía electrónica.

También establecerán un sistema de cita previa, grabarán y digitalizarán declaraciones y procederán a enviarlas a los Servicios Centrales de la Comunidad; o elaborarán propuestas de resolución de solicitudes de rectificación de autoliquidaciones y devolución de ingresos, entre otras funciones.

Por su parte, la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid ejercerá la coordinación, supervisión e inspección de estas oficinas, además de fijar criterios e instrucciones.

También tramitará y resolverá aplazamientos y fraccionamientos de deuda, emitirá providencias de apremio, inspeccionará y, entre otras tareas, asumirá de forma exclusiva la tramitación de liquidaciones procedentes de resoluciones de órganos económico-administrativos y judiciales.

A cambio, la Comunidad de Madrid asignará una nueva retribución fija anual por cada oficina, otra en función de las actuaciones realizadas y una variable según las liquidaciones ingresadas.

En total, la partida presupuestada para el convenio asciende a 8,2 millones de euros, a distribuir hasta el año 2022.