Además, en un comunicado conjunto, los tres ejecutivos expresan su solidaridad con los trabajadores de las plantas y sus familias y su “total compromiso” para buscar soluciones.

Las administraciones destacan también que han trabajado en los últimos meses en la búsqueda de soluciones viables para las dos plantas, que Siemens-Gamesa ha rechazado.

No obstante, mantienen su ofrecimiento a la empresa para seguir analizando opciones de viabilidad alternativas al cierre, teniendo en cuenta el contexto particularmente favorable para el sector por todas las oportunidades que ofrece la transición energética.

A este respecto, sostienen que el Gobierno y las comunidades autónomas han trabajado intensamente, junto a las empresas y los centros de innovación, para ofrecer un marco estable y atractivo para la inversión y la creación de empleo vinculado a las renovables, con la adopción de una importante batería de medidas de acompañamiento al sector.

Ese marco estable está compuesto, entre otras medidas, por el Plan Nacional de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030, que prevé la instalación de 60 nuevos gigavatios (GW) de energía renovable en la próxima década, la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo o la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en tramitación parlamentaria.

También la creación del Instituto para la Transición Justa, la aprobación de la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable o la convocatoria de nuevas subastas de renovables con un nuevo marco retributivo (con un objetivo de 3.000 MW, de los que al menos 1.000 MW serán eólicos.

La compañía ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo para proceder al cierre de estas fábricas, que cuentan con 266 trabajadores, 215 en la planta coruñesa y 51 en la conquense.