El pasado 9 de enero sábado, la residencia de mayores Domus Vi San Lázaro de Santiago solicitó a sus residentes o familiares, en caso de incapacitación, la autorización para comenzar el proceso de vacunación. La hija de esta residente se negó a firmar la autorización y la anciana, con un importante deterioro cognitivo, no estaba en situación de decidir sobre la conveniencia de su inmunización.

La hija de la residente quería conocer antes de autorizar la vacunación los posibles efectos de esta medicación en otras personas “antes de someter a su madre a tales riesgos”. El juez echa mano del criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entiende que el riesgo es menor y argumenta que “es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible mediante vacunación que no por una vacuna”.

Teniendo en cuenta el elevado riesgo de contagio a medida que aumentan los casos en esta tercera ola, el juez estima que es preferible vacunar a la anciana aun asumiendo que la vacuna puede entrañar “un riesgo” y advirtiendo, a la vez, que “omitirla también los conlleva”.