Así lo anunció este miércoles la ministra de Sanidad, Mónica García, en una rueda de prensa junto al presidente de ConELA, Fernando Martín. “Estamos hablando de un plan de choque extraordinario”, precisó García, que “de ninguna manera pretende reemplazar la ley ELA”.

Según detalló, esta “medida puente estará en vigor durante 2025 y el tiempo necesario de 2026”, hasta que “se desplieguen por completo todas las ayudas contempladas en la ley ELA”, que deben gestionarse a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”. El objetivo último es que “ningún enfermo de ELA tenga que decidir si se hace o no se hace una traqueotomía en función de la capacidad económica de su familia”, recalcó García.

Por su parte, Fernando Martín estimó en alrededor de 500 las personas que podrán beneficiarse de esta subvención extraordinaria. “Serán los profesionales médicos los que determinen qué personas pueden acceder” a estas ayudas. “Es una aproximación, ya que a lo largo del año realizaremos un seguimiento para introducir los ajustes precisos”, agregó.

Entre otros puntos, esto dijo que ello permitirá conocer con exactitud cuántos pacientes con ELA se encuentran en las fases finales en las que necesitan cuidados 24 horas al día.“Hablamos de personas con ventilación mecánica 24 horas al día o con disfagia severa", explicó. Gracias a estos 10 millones iniciales, “se podrán contratar alrededor de cuatro cuidadores por paciente”, aseguró, a fin de garantizar la atención continuada que precisan.

ILUNION, San Juan de Dios y Aiudo son las tres entidades que proveerán de profesionales a ConELA, que se ocupará de su contratación. Según Martín, “las tres tienen capacidad de cubrir todo el territorio nacional y de ofrecernos un presupuesto asumible”.

Por su parte, García avanzó que la intención del Gobierno es que el real decreto relativo a dicha subvención se apruebe finales de junio, “para poderlo desarrollar en julio y que entre en vigor lo antes posible”. “Queremos aliviar la situación de las familias de los enfermos de ELA más vulnerables”, afirmó, porque “sabemos que los tiempos administrativos no son compatibles con las necesidades médicas de estas personas”.