Un día antes, el 10 de septiembre, está también llamada a declarar la asistente de Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez. Ambas están imputadas por el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación de fondos públicos al haber realizado la asesora labores relacionadas con la actividad privada de la esposa de Pedro Sánchez.

En su escrito, el letrado Antonio Camacho indica que “tiene señalada con anterioridad una declaración ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona”, por lo que pide que se anule el interrogatorio y “se acuerde en su lugar nueva fecha para su práctica”.

El juez peinado citó como investigadas a Begoña Gómez y a su asesora en un auto en el que subrayaba que la Audiencia Provincial de Madrid dictó el pasado 12 de junio otro donde afirmaba sobre Álvarez que "la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados".

"Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del vicerrector Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los Correos", decía aquel auto.

"O la constatación de un email dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente de sus funciones. Datos indiciarios, suficientes, en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración", proseguía.

"Otro dato más a considerar es el de la amistad personal de previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno. Y todo ello, sin perder de vista el concepto de Funcionario Público a efectos penales, a tenor del artículo 24.2 del Código Penal, concepto que incluye a la citada Cristina Álvarez, como a la propia Begoña Gómez, en lo relativo al cargo que ocupaba en la Cátedra Extraordinaria de Trasformación Social Competitiva”, recordaba el juez.