Para el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco la decisión de adelantar el ‘toque de queda’ a las 20.00 horas está amparada, “según defienden los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León”, en las modificaciones introducidas al texto del real decreto del estado de alarma cuando se acordó su prórroga y se incluyó “su posible modulación, flexibilización y suspensión” por un lado.

Conforme a su relato, la medida está soportada en la disposición transitoria que se incorpora entonces y que refiere que “la medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión”.

Si bien admite que deberá ser el Tribunal Supremo quien decida sobre la legalidad de la medida en última instancia, “lamenta” que el Gobierno central “trate de obstaculizar” con su recurso una acción de la Junta de Castilla y León, “que tiene como único objetivo proteger la vida y la salud de las personas y reducir lo más posible el daño a la economía”.

A renglón seguido reclama, “una vez más”, al Gobierno “instrumentos jurídicos seguros, si es que discute los existentes, que permitan a las comunidades actuar con rapidez para doblegar la curva de contagios y salvar vidas”. “Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías”, urge en un comunicado.

En argumento de la decisión adoptada expone que la situación epidemiológica y sanitaria es de “extrema gravedad en Castilla y León y en el conjunto de España”, indicando que la incidencia acumulada “se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero” y el número de ingresados por Covid-19 “se ha duplicado en los hospitales de la comunidad”.

El Gobierno regional reitera, ya de cara a los ciudadanos, que el ‘toque de queda’ a las 20.00 horas “sigue vigente en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la Ley”, instando “encarecidamente” a todas las personas de la comunidad autónoma “que reduzcan al máximo su movilidad y contactos sociales, con el fin de frenar esta grave tercera ola de la pandemia”.

“Deberá ser el Tribunal Supremo, en su caso, quien determine si el presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad delegada, tiene la facultad o no de modular el toque de queda para hacer frente a la pandemia”, concluye.