Según informó la Policía, durante la ‘Operación Vigía’ se llevaron a cabo un total de 16 registros en domicilios, despachos profesionales y establecimientos, procediendo a la deteniéndose a doce personas y a la investigación de otras tres, habiéndose emitido, además, órdenes internacionales de detención para los ahora imputados, y que se encuentran pendientes de responder ante la autoridad judicial competente.

A los arrestados se les acusa de haber creado una red de narcotraficantes que simulaban un tejido empresarial legal para introducir “notorias cantidades” de cocaína en España. Las actuaciones policiales se han llevado a cabo en las provincias de Cádiz, Cuenca, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tarragona y Valencia.

La investigación comenzó a principios de 2020 sobre un núcleo de individuos asentados en las provincias de Murcia y Sevilla, lo que permitió descubrir una organización criminal cuya finalidad era crear un tejido empresarial de apariencia legal, importando carbón vegetal entre Sudamérica y Europa para poder introducir, sin ser detectados, grandes cantidades de cocaína en España a través de los principales puertos del país.

El entramado comenzó su actividad a través del puerto de Barcelona introduciendo decenas de contenedores de carbón vegetal. Desde la Ciudad Condal, estos contenedores eran trasladados a una nave alquilada en Tarragona, en la que se tenía previsto extraer la droga para su posterior envío.

Luego de los problemas de logístico con el carbón almacenado y de las limitaciones impuestas por la pandemia del coronavirus, los investigados se vieron obligados a cerrar dicha vía de entrada y generaron toda la infraestructura y logística en el puerto de Algeciras (Cádiz) desde mediados del mes de abril.

Desde entonces, los agentes identificaron a todos los componentes de la organización, la cual estaba liderada por dos familias cuyos principales miembros se encontraban en Brasil y Paraguay, desde donde gestaron toda la operativa de la importación de la cocaína.

El siguiente escalón de la banda estaba conformado por individuos que creaban empresas con la intención de simular un tráfico de mercancía legal con productos como carbón, arroz, melaza o productos sanitarios, muy demandados en el contexto de la crisis sanitaria. Éstos estaban afincados en Sevilla y operaban en las localidades de Marbella (Málaga), Algeciras, Cádiz y la propia capital andaluza.

Los líderes de la organización incluían testaferros en todas las empresas con el fin de ocultar la verdadera identidad de los mismos y obtener abundantes beneficios tras la introducción de la mercancía.

El nexo de unión entre la cúspide de la organización y la rama empresarial se consolidó en Valencia con una experta en blanqueo de capitales que canalizaba el dinero de la organización para capitalizar la operación de narcotráfico, diversificando sus métodos de actuación y ocultamiento con el uso de criptomonedas. Esta persona, según la Policía, era “garantía de éxito”, pues muchas mafias de países del este de Europa y de Sudamérica recurrían a sus servicios debido a la facilidad de ocultar el dinero originado con el tráfico de drogas, armas o la trata de personas, y darle salida para seguir financiando el crimen organizado al más alto nivel.

Debido a la alta especialización de la organización, fue necesaria la intervención de más de cien líneas telefónicas por parte de los agentes, así como numerosas vigilancias y seguimientos por numerosas provincias españolas. También se analizaron de casi 200 contenedores importados desde los puertos de Brasil y Paraguay hasta España.