Así lo solicitó la portavoz del PP en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, a través de un escrito de reconsideración sobre los acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso el pasado 13 de enero, cuando la mayoría que tienen este órgano PSOE y Podemos acordó tramitar por la vía de urgencia su reforma sobre el funcionamiento del CGPJ.

Según informó el pasado miércoles la Cámara Baja, la Mesa rechazó la solicitud del PP de que se soliciten informes sobre esta proposición de ley al CGPJ y a la Comisión de Venecia, petición coincidente con un acuerdo del propio órgano de gobierno de los jueces del pasado mes de diciembre.

En el escrito registrado hoy, el partido que lidera Casado demanda una “inmediata rectificación” a la Mesa porque esta reforma “genera serias dudas de su viabilidad jurídica” por su “más que probable infracción de la Constitución y del Derecho comunitario”.

Así, se plantea la reconsideración de la Mesa para acordar la apertura de un plazo de comparecencias en el que la Comisión de Justica pueda oír a expertos en la materia, así como representantes de los sectores implicados, de tal forma que el Congreso de los Diputados “pueda enriquecer su visión y garantizarse de tal forma, siquiera precariamente, una tramitación mínimamente informada y transparente”.

El Grupo Parlamentario Popular sostiene que urge una rectificación de los acuerdos del 13 de enero porque disminuyen “las garantías del procedimiento de tramitación legislativa” de una iniciativa con un contenido “extraordinariamente sensible y relevante para nuestra democracia”.

Debe contar con una tramitación “sosegada y prudente”, garantizando “el máximo debate público posible”, incide el PP en su escrito. Desde un punto de vista formal, avisa de que la proposición de ley se dirige a la modificación de una ley orgánica y, más concretamente, de la ley reguladora de un poder del Estado “absolutamente imprescindible de la noción de Estado de Derecho, como lo es el Poder Judicial”.

Desde el punto de vista material, el PP indica que la ley se dirige a introducir una modificación del régimen del CGPJ “no amparada ni por la letra ni el espíritu de la Constitución que, para mayor gravedad, pretende una reducción de sus potestades, pudiendo alegarse, incluso, que la misma propone una ‘mutación constitucional’ por cauces ajenos a los procedimientos de reforma constitucional previstos en el Título X de la Constitución”.

“Una mutación constitucional que, dicho sea de paso, se produce durante la vigencia de un estado de alarma, contrariamente a lo expresamente dispuesto en el artículo 169 de la Constitución”, añade el Grupo Parlamentario Popular.

Según el PP, la aceptación por parte de la Mesa de la tramitación por la vía urgente de esta reforma supone la convalidación de un modo de actuar “inaceptable”, en tanto que “configura un modelo de imposición por las hordas claudinas de una determinada mayoría parlamentaria puntual de una modificación por la puerta de atrás de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

“No existe sencillamente urgencia alguna que amerite la tramitación urgente de una reforma de la índole como la propuesta”, insiste el PP, llegando a catalogar de “incomprensible la urgencia que la Mesa ha parecido apreciar en la modificación de un Estatuto del CGPJ vigente durante más de cuatro décadas”.

El PP llega a hablar de “evidente fraude de ley en la utilización de la fórmula de la proposición de ley” y se ratifica en que “es necesario que las reformas judiciales se acompañen de todas las consultas necesarias con todos los interesados y con todas las instancias importantes, incluida la Comisión de Venecia”.