Así lo defendió durante su intervención en el Pleno de la Eurocámara, en la que abogó por “responder con solidaridad y unidad” frente a la actitud de aquellos Estados que, a su juicio, estarían “tratando de incumplir” el mecanismo para la adquisición centralizada de vacunas liderada por la Comisión Europea.

“No podemos permitir que el nacionalismo sanitario amenace con agrietar el espíritu de cooperación con el que pusimos en pie la estrategia europea de vacunación”, insistió, para, a continuación, recordar que, merced a este esquema centralizado, Europa ha adquirido hasta 2.300 millones de dosis de seis compañías diferentes, algo que, advirtió, ningún Estado “por sí solo jamás hubiera podido recibir”.

En este punto, subrayó que, si Europa mantiene la unidad y garantiza una distribución equitativa, la UE podría inmunizar antes del verano a 380 millones de ciudadanos.

Junto a ello, reclamó una respuesta “igualmente ambiciosa” más allá de las fronteras europeas a través del consorcio Covax, liderado por la OMS y que consideró ”un imperativo humanitario y una oportunidad para demostrar nuestro valor como socios".

SIN ATAJOS

En la misma línea, el eurodiputado Nicolás González Casares también exigió que la estrategia de vacunación se lleve a cabo “con transparencia, sin atajos”. “Sólo hemos podido ver uno de los contratos y eso no es aceptable”, espetó, al tiempo que aseguró que el pasaporte vacunal que la UE estudia poner en marcha debe “ser para toda la Unión Europea, alternativo a la prueba de PCR y cuando haya un aceptable nivel de inmunización”.

Por su parte, la eurodiputada Mónica Silvana González se preguntó “qué pasará” con las personas que viven en los países en desarrollo, que no recibirán la vacuna hasta 2022 y criticó que los países más ricos “han acaparado las vacunas, cuando sólo representan el 13% de la población mundial”.

“Los 500 millones aportados a la iniciativa Covax son escasos para actuar como un actor global”, sentenció, para, a continuación, manifestar que se necesitan “urgentemente” más productores para fabricar la vacuna en los países de renta media y baja así como “facilitarles el acceso al conocimiento”.