Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de la Unión Europea del Congreso de los Diputados para explicar el principio de acuerdo alcanzado con Londres sobre Gibraltar tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La jefa de la diplomacia española invitó a hacer un “ejercicio de imaginación” para tener presente “cuál hubiera sido el coste del no acuerdo” con las autoridades británicas sobre el Peñón.

En ese sentido, apuntó que la verja, “construida en 1908 por Reino Unido para separar a los españoles de Gibraltar”, habría sido “más rígida y dura como ya sucedió en tiempos pasados”, lo que permitió constatar que “si lo que se pretende es otros 300 años de ‘mantener las reivindicaciones’ y ser ignorados, desde luego una salida sin acuerdo el 1 de enero hubiera contribuido a ese resultado”.

También comentó que la ausencia de acuerdo con Londres habría causado un “grave daño” a la economía del Campo de Gibraltar, hubiera “consolidado” el “carácter de enclave colonial” del Peñón mediante “obras en el puerto y otras medidas de autarquía, buscando su aprovisionamiento desde otras zonas y fundamentalmente desde Marruecos” e incentivando sus conexiones con el Golfo, con Rusia y con actores económicos chinos y hubiese causado eventuales daños a la Hacienda y la economía españolas

“En suma, España hubiese perdido su capacidad de influencia y control sobre este territorio al menos por una generación”, zanjó.

La ministra manifestó que “por primera vez en más de 300 años España recupera protagonismo en los asuntos de Gibraltar y toma la iniciativa con un claro plan de futuro para el Campo de Gibraltar y toma la iniciativa con un claro plan de futuro para el Campo de Gibraltar y para la zona del Estrecho”.

Tras observar que “pasamos de la palabrería a los hechos” respondiendo a “las legítimas demandas” del Campo de Gibraltar, avanzó que “por primera vez en el terreno práctico los intereses nacionales, recuperando control en esta zona de máxima importancia estratégica para nuestro país”.

González Laya subrayó que el principio de acuerdo representa “un punto de inflexión en la larga historia” de las relaciones bilaterales con el Reino Unido sobre Gibraltar, iniciándose una “nueva relación”, que se asentará sobre tres “premisas”: la consumación del ‘Brexit’ tras el fin del periodo transitorio, la voluntad de los gibraltareños de permanecer en la UE y la consolidación del “papel singular” que jugará España en la futura relación entre la UE y Londres sobre el Peñón.

Recordó que el principio de acuerdo prevé la aplicación a Gibraltar de Schengen, un régimen aduanero para el tráfico de mercancías, medidas en materia de transporte, medioambientales, laborales y de competencia leal en fiscalidad.

De este modo, reafirmó que la entente conllevará también “el levantamiento de la verja” y concretó que lo acordado entre Madrid y Londres “se entenderá sin perjuicio de las pretensiones irrenunciables de ambas partes en materia de soberanía, que han quedado salvaguardadas”.

MOVILIDAD

Respecto de la movilidad, el principio de acuerdo establece, según la ministra, que habrá puntos de cruce de Schengen en el puerto y el aeropuerto, cuya entrada y salida a través de ellos sólo se permitirá cuando se hayan completado los controles de las autoridades gibraltareñas y los propios controles de Schengen.

Esto le permitió aducir que “España será responsable de la aplicación de las partes pertinentes del acervo de Schengen, incluidos los controles Schengen”, puntualizando que ni el Reino Unido ni Gibraltar estarán capacitados para realizar estos controles.

“España tendrá la última palabra”, arguyó, sin menoscabo de que las autoridades gibraltareñas realicen los controles que se ajusten a su propia legislación.

Expuso que los controles de acceso de las personas a Gibraltar y al espacio Schengen se realizarán por las autoridades gibraltareñas y españolas, siendo las primeras quienes decidan sobre la autorización o denegación de entrada sobre la base de su propia normativa y la consulta de sus propias bases de datos, mientras que las segundas, aplicando el acervo de Schengen, decidirán la autorización o denegación de entrada al referido espacio.

González Laya explicitó la previsión de un periodo de cuatro años, durante el cual España, de acuerdo con las autoridades de Gibraltar, podrá solicitar la asistencia operativa de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para algunas tareas relacionadas con los controles Schengen y la protección de las fronteras exteriores.

En lo referido al tráfico de mercancías, el principio de acuerdo incluirá una unión aduanera entre la UE y Gibraltar con algunas características destinadas a eliminar las barreras físicas entre el Peñón y Bruselas, suprimiendo el puesto de control aduanero en La Línea de la Concepción (Cádiz) y haciendo innecesario el control de personas a efectos de controles aduaneros.

Para lograr este objetivo, continuó González Laya, se señala que el acuerdo deberá aplicar las salvaguardias necesarias para evitar distorsiones en el mercado interior, en particular en la economía de la región.

En el capítulo de transporte, las disposiciones serán similares a las incluidas en el acuerdo de comercio y cooperación entre la UE y el Reino Unido, mientras que tal acuerdo incluirá condiciones de competencia justa en las áreas donde pueden producirse distorsiones, especialmente en medio ambiente, ayudas de Estado y asuntos sociales, teniendo en cuenta la normativa relevante de la UE.

González Laya indicó que Gibraltar “no adoptará ni mantendrá ninguna medida que debilite o reduzca el nivel de protección medioambiental establecido por el ordenamiento jurídico de la UE”.

En cuanto a la coordinación de la Seguridad Social, se seguirá lo previsto en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y Londres, mientras que en lo concerniente a los derechos de los ciudadanos se mantendrá al menos el nivel de protección previsto en el acuerdo de retirada.

También destacó que el acuerdo podría incluir disposiciones un mecanismo financiero de cohesión entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en materia de formación, competencias y empleo.

Por último, concluyó que el principio de acuerdo con Londres representa una “base sólida” sobre la que construir la futura relación entre España y el Reino Unido, y llamó la atención de la “paradoja” que supondría que tras el ‘Brexit’ la UE pueda contribuir a “encauzar una cuestión irresuelta durante tres siglos”.

“En vez del histórico ‘más vale honra sin barcos que barcos sin honra’, la UE nos está ayudando a salvar los barcos al tiempo que cambiamos los conceptos de ‘honor y humillación’ por otros como la corresponsabilidad y le gestión conjunta de la interdependencia”, remachó.