Informó de que el texto elaborado por la Comunidad de Madrid fue consensuado con los ayuntamientos afectados y con la Delegación de Gobierno.

Dijo que el objetivo del proyecto es desafectar los 14,2 kilómetros de Cañada a su paso por los citados municipios, pasando a ser un bien patrimonial de la Comunidad de Madrid.

Indicó que, a partir de ese momento, los ayuntamientos dispondrán de seis meses para elaborar un censo de parcelas y personas y destacó que todas las administraciones competentes deberán llegar a un acuerdo que resuelva los problemas de tipo social de la zona y los municipios, en el ejercicio de sus competencias.

Los municipios afectados deberán, asimismo, definir qué uso dan a esos suelos a través de la modificación puntual de sus planes generales, afirmó González, quien explicó que se fija un plazo de dos años desde la aprobación de la norma a partir del cual la Comunidad de Madrid podrá permutar, ceder, conservar o vender los suelos de la Cañada.