La iniciativa menciona los seis motivos típicos de discriminación recogidos en la legislación europea (raza, sexo, edad, orientación sexual, discapacidad y creencias religiosas), e incluye la discriminación por motivo de enfermedad, vulnerabilidad socioeconómica e identidad sexual.

Prevé su aplicación en el ámbito público (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y fundaciones constituidas por administraciones públicas); privado (empresas y particulares), y en el de las asociaciones, ONG, sindicatos, partidos políticos, etc.

Entre otros, se refiere al ámbito del empleo, la educación, la sanidad, la vivienda, la justicia, los cuerpos y fuerzas de seguridad, la administración, los medios de comunicación e Internet. Para todos ellos establece prohibiciones en cuanto a las formas de discriminación y las medidas positivas para fomentar la igualdad.

Así, prohíbe cualquier tipo de financiación pública a aquellos centros que discriminen a los alumnos (en el acceso o permanencia) por cualquiera de los motivos ya expuestos. Establece la necesidad de medidas de apoyo para los colectivos con necesidades especiales, insta a las administraciones a combatir los estereotipos, y prohíbe la concentración de alumnos con estas características en un mismo centro.

Del mismo modo, pide a las administraciones sanitarias no discriminar en el acceso a tratamientos por razón de edad, discapacidad, enfermedad y las demás circunstancias mencionadas, sin prejuicio de que se establezcan políticas específicas para determinados colectivos.

También establece la igualdad en el acceso a la Administración de Justicia y prohíbe las paradas e identificaciones por perfiles étnicos o raciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Señala como discriminatorios el trato desigual en el acceso al alquiler o compra de una vivienda o negocio por estos mismos motivos, y persigue la discriminación en el acceso, promoción y permanencia en el empleo.

En cuanto a los medios de comunicación, la proposición insta a no difundir estereotipos estigmatizantes sobre estos colectivos; propone a las plataformas digitales promover acuerdos para retirar con rapidez aquellos contenidos que fomenten discursos de odio, y anima a las empresas de inteligencia artificial a utilizar “algoritmos justos y sin sesgos”.

Esta iniciativa busca castigar cualquier “disposición, conducta, acto, criterio o práctica que atente contra el derecho a la igualdad”, sobre el que pretende establecer una tutela en sentido integral.

Así, entiende que son “vulneraciones de este derecho la discriminación, directa o indirecta , por asociación y por error; la discriminación múltiple o interseccional; la denegación de ajustes razonables; el acoso; la inducción, orden o instrucción de discriminar; y las represalias o el incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o convencionales”.

Sin embargo, no considera “discriminatorias” las diferencias de trato en disposiciones, conductas, actos, criterios o prácticas que puedan justificarse objetivamente por una “finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado”.

NOVEDADES

Según la propuesta del PSOE, la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación será el instrumento principal de colaboración territorial de la Administración del Estado en este terreno. Corresponderá a la Conferencia Sectorial de Igualdad su preparación, seguimiento y evaluación, y se habrá de garantizar la participación de las organizaciones representativas de los intereses sociales afectados en cada una de estas fases.

La iniciativa también contempla la creación del Comisionado para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, un organismo independiente y unipersonal, que ostentará alguien con reconocido prestigio en la materia. Su mandato se prolongará por cinco años a propuesta del Ministerio de Igualdad y, con anterioridad a su toma de posesión, deberá comparecer ante el Parlamento.

Finalmente, la propuesta recoge una previsión de sanciones e infracciones (distingue entre leves, graves y muy graves) y establece aspectos clave en el procedimiento de denuncia, como los referidos a la carga de la prueba o las asociaciones habilitadas también para litigar.

Todas estas previsiones serían de aplicación siempre que no exista una norma más favorable a los colectivos afectados, como ocurre con la Ley general de Discapacidad en el ámbito del empleo.