En concreto, el representante del Ministerio les acusa de ofertar cursos para obtener el grado en Música sin tener ni la “capacidad” ni “la autorización legal para impartir la formación musical necesaria para ser reconocida como título universitario”. El juicio comenzará en la Audiencia de Madrid el lunes.

El escrito de acusación recuerda que la Universidad Francisco de Vitoria publicitó mediante páginas web, Facebook y diversos medios de comunicación que para los cursos 2010/11 y 2011/12 sería la única facultad donde se impartiría el Grado en Música, dentro del campus universitario, autodenominándose “Facultad de Música”.

Así, en octubre de 2010 la revista de Música y Sinfonía Virtual publicó una entrevista con A. Á. R. en la que manifestaba que “este curso 2010/2011 la madrileña universidad Francisco de Vitoria será pionera en este campo siendo la única que impartirá el grado de música dentro del ámbito nacional”. Además, en el enlace a la página web se reflejaba el siguiente titular “comienza el curso del Grado en Música en la Universidad Francisco de Vitoria”.

Este anuncio motivó que muchos alumnos se informaran “convenientemente” sobre la titulación que obtendrían al finalizar dichos estudios. De hecho, mantuvieron entrevistas con los acusados sin que ninguno de ellos les advirtiera “convenientemente” de que no obtendrían un título universitario en Música, “consiguiendo así que muchos de ellos se matricularan, en los cursos 2010/2011 y 2011/2012 y con la creencia de que al finalizar dichos estudios, habrían obtenido la titulación universitaria de Grado en Música”.

Sin embargo, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 11 de febrero de 2011, donde se daba publicidad a las autorizaciones y modificaciones o extinciones de las autorizaciones a centros docentes privados aprobados por la Consejería de Educación en el cuarto trimestre de 2010, no contemplaba tal anuncio.

Es más, según el BOCM, solo se autorizaba a dicho centro a impartir durante el curso 2010/2011 el Grado Superior de Música como centro privado no universitario “y, por tanto, sin capacidad ni autorización legal para impartir la formación musical necesaria para ser reconocida como título universitario”.

El curso costaba más de 8.000 euros por alumno. En total han reclamado ser indemnizados como perjudicados por la estafa 14 de ellos, quienes reclaman 159.323 euros.