En un comunicado conjunto, estas organizaciones sostienen que la modificación incorporada sin previo aviso, tan sólo tres semanas después de la aprobación del decreto original, “es un paso más hacia la protección de la ocupación ilegal que genera graves problemas sociales y económicos”.

Con este cambio, se suspende la paralización del desahucio aún en el caso de que haya delito, limitando la paralización de este a los casos en los que haya violencia o intimidación sobre las personas.

“Esta limitación carece de todo sentido, máxime cuando la mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que se encuentran vacías”, añaden.

Por último, advierten de que “no se debe confundir, ni mucho menos equiparar, la necesaria protección de las personas vulnerables en circunstancias de excepcionalidad con avalar desde la Administración Pública a la ocupación ilegal”.