El presidente de la Federación Regional de Vecinos de Madrid (Fravm), Nacho Murgui, afirmó en una rueda de prensa en Madrid que la norma es "restrictiva" en un contexto de crisis económica, de controles policiales de identidad de inmigrantes y con la existencia de los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Para Murgui, el reglamento de la Ley de Extranjería supone "un problema para toda la ciudadanía" y crea "una democracia de dos velocidades".

Por su parte, Lluc Sánchez, de SOS Racismo, señaló que el reglamento acrecienta "las situaciones de discriminación" hacia los inmigrantes y provocará "arbitrariedad" en su aplicación, toda vez que "está pensado para los trabajadores altamente cualificados" y "penaliza a la población más vulnerable".

El presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine), Víctor Sáez, consideró que la norma estimula la xenofobia y el racismo hacia la población extranjera y fomenta "la búsqueda del chivo expiatorio" contra los inmigrantes irregulares.

"Nosotros no somos mercancías, somos personas", subrayó Sáez, para quien la Ley de Extranjería crea "un clima de cabreo" entre los ciudadanos inmigrantes.

Por otro lado, la portavoz del Centro de Estudio y Defensa de los Derechos Humanos (Cedehu), Clara Redal, insistió en que el reglamento concibe la inmigración desde el punto de vista de "mano de obra y con un tratamiento policial" y lamentó que el Gobierno defienda "una inmigración ordenada e impida que eso sea así".

La Red Por el Derecho a Tener Derechos reclama que el reglamento no imponga la sanción de expulsión por carecer de permisos de residencia y trabajo, que no se exija tener contrato laboral para la regularización por la vía del arraigo, que haya un proceso de regularización inmediata y que prohíba a los policías que lleven a cabo redadas en lugares públicos y controles de identidad basados en los rasgos étnicos.