Así lo anunció durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados para explicar la situación respecto a la subida de la luz y exponer las líneas de trabajo de su departamento y en la que subrayó que reformar el sistema “heredado" requiere "voluntad política, capacidad de abordar una estructura oligopólica y tiempo” y afirmó que el Gobierno de coalición tiene “muy claro” el “papel social que juega la energía en la vida” y que sus acciones “van en la dirección correcta” para rebajar la factura.

Su gabinete ha constatado en los últimos meses que en la información que las empresas proporcionan a los clientes se producen “omisiones” sobre impuestos aplicables, una práctica que provoca “distorsión” sobre el precio final de la energía y Garzón precisó que una persona "no puede presuponer, salvo por una ceguera ideológica, que la asignación de los precios se da en una naturaleza perfectamente competitiva y buscando la minimización de ese precio”.

En este punto, se refirió a una estructura de mercado “compleja”, que, precisó, “no es de competencia perfecta, sino más bien oligopólica” y que tiene una “importancia clave a la hora de entender la factura”.

En este sentido, puntualizó que la subida de precio registrada a principios de año coincidiendo con el temporal derivado del paso de la borrasca Filomena no obedece a una “variable monocausal” como pueda ser la bajada de temperaturas, sino que es la “conjunción de muchas variables, no del frio o de una sola causa” y mostró su “preocupación” por cómo afectan las “oscilaciones” de precios en torno a servicios como el energético y su “repercusión clara” para la población, “especialmente” para las familias especialmente más vulnerables.

“Cuanto más suba el peso de las energías renovables, más barata es la factura de la luz en el eslabón final, sin que sea una variable monocausal y lo que sucedió a principio de año debe entenderse como un pico coyuntural dentro de una tendencia”, abundó, convencido de que “lo importante” es analizar esa “pendiente de la curva de la trayectoria en el tiempo”, teniendo en cuenta que existe una tendencia hacia una “bajada sistemática”.

Con el objetivo de reforzar la protección de la ciudadanía en relación al sector energético, “especialmente” de las familias más vulnerables, Garzón defendió la necesidad de impulsar reformas para simplificar la factura eléctrica y que esta sea “sencilla, fácil y obvia de entender” por parte del consumidor con el fin de que las relaciones contractuales con las compañías sean “transparentes”.

En esa línea, Garzón advirtió de que los servicios de atención al cliente de las compañías eléctricas están entre las que registran el mayor número de reclamaciones antes las autoridades de consumo y recordó que su ministerio trabaja en el proyecto de Ley Integral de Servicios de Atención al Cliente, que busca homogeneizar la calidad de la atención al cliente y llegará al Congreso en 2021.

El proyecto pretende facilitar el acceso a una atención eficaz, transparente, completa y veraz en los servicios de información, quejas, reclamaciones e incidencias, según detalló, al tiempo que subrayó que estas medidas forman parte de un paquete que incluye la prohibición de la tarificación especial en la atención telefónica de servicios básicos, los conocidos 902, y la incorporación a la legislación estatal de la figura jurídica de la persona consumidora vulnerable.

Junto a la de Transición Ecológica, su cartera trabaja también en diferentes acciones de sensibilización y formación para facilitar la compresión de la factura de la luz a los usuarios para que conozcan mejor los servicios que tienen contratados, el uso que hacen de los mismos y la información que le suministra su comercializadora, aspecto “esencial”, a su juicio, para la prevención de fraudes y abuso y para interponer, en su caso, las correspondientes reclamaciones y denuncias.

Garzón también hizo referencia al trabajo que Consumo está realizando junto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y anunció la puesta en marcha de nuevas iniciativas conjuntas relacionadas con el ahorro en costes de luz.

EMPRESA PÚBLICA

El titular de Consumo volvió a defender que, frente a esta estructura “oligopólica” que domina el sector energético, una empresa pública “podría reequilibrar esta estructura de mercado, sin ser la panacea”. “Es suficientemente complejo como para que no haya una única solución, sino que hacen falta cambios regulatorios institucionales”, sentenció, para reiterar que una empresa pública “serviría para rebajar la capacidad de las tres grandes de determinar sus precios”.

Junto a ello, también abogó por llevar a cabo una “revisión” de la fiscalidad de los beneficios “caídos del cielo”, una “reforma profunda” del bono eléctrico y la “incorporación” del bono gasístico como “instrumentos” para “garantizar que toda persona y familia que necesite hacer uso de unos servicios fundamentales para la vida puedan hacerlo con independencia de su situación económica”.