En este acto, que contó con la asistencia técnica del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) de la Universidad de Salamanca y la financiación de la Fundación Gmp, el presidente de Fedace, Luciano Fernández, destacó que “la atención al daño cerebral está caracterizada en nuestro país por la carencia y heterogeneidad de recursos sociosanitarios”.

Del mismo modo se puso de manifiesto que, pese a que en España casi medio millón de personas tienen daño cerebral debido a un ictus, un traumatismo craneoencefálico u otras causas, no existe un modelo homogéneo de atención al daño cerebral que contemple de forma coordinada las necesidades de atención sociosanitaria que precisa cada caso y que implique a la familia en todo el proceso.

Por ello, Fedace realizó esta investigación en la que, a través de entrevistas a profesionales sanitarios, de Servicios Sociales y del Movimiento Asociativo de Daño Cerebral de todo el territorio, se han analizado y comparado los distintos modelos de atención al daño cerebral existentes en las 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas españolas.

DESIGUALDAD TERRITORIAL

El estudio concluyó que los recursos de atención al daño cerebral varían de forma considerable en función de cada comunidad autónoma. Mientras que la Comunidad Valenciana es la única comunidad con una normativa que regula la continuidad sociosanitaria una vez que la persona afectada es dada de alta en el hospital, hay algunas como Extremadura, Ceuta o Melilla donde los recursos para esta fase crónica son prácticamente inexistentes. Dada esta gran desigualdad territorial, Fedace defiende que es importante la creación de una normativa estatal que garantice unas cuestiones mínimas en todo el país.

En el evento de presentación del estudio, moderado por la directora de Fedace, Mar Barbero, participaron expertos como María Teresa Fernández Campillo, consejera técnica del Real Patronato sobre Discapacidad; Luciano Fernández Pintor, presidente de Fedace; Francisco Fernández López, director de Fundación Gmp; y Miguel Ángel Verdugo Alonso; catedrático de Psicología de la Discapacidad y director del Inico.

Por su parte, María Fernández Sánchez y Alba Aza Hernández, investigadoras de la Universidad de Salamanca y miembros del Inico, presentaron el estudio.