En declaraciones a los medios, Mayoral subrayó que “es necesario que, cuanto antes, se abra una investigación y se aclare qué ha pasado con esa red de espionaje ilegal, de extorsión y de difamación e intoxicación que tenía montada José Manuel Villarejo” con diferentes empresas y en relación con la cúpula de Interior y, en concreto, con respecto a “un escándalo de tamaño internacional que es la investigación ilegal a un dirigente político en una democracia”.

A su juicio, hay “algunas actuaciones de los jueces” que “ponen en peligro el prestigio de la Justicia”. Se refirió a que “después de que se le hubiera reconocido la condición de perjudicado en el procedimiento [a Iglesias]”, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevó una exposición razonada al TS pidiendo que se investigase al vicepresidente por presuntos delitos de revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos.

"La resolución del TS vuelve a poner las cosas donde estaban”, celebró Mayoral. “Nosotros, de momento, las actuaciones procesales las haremos en el marco del procedimiento”, indicó, antes de resaltar que se tiene que volver “a la racionalidad”. Eso supone, dijo, “investigar a las mafias” que realizan espionaje ilegal y “labores de intoxicación para intentar subvertir el proceso democrático”.

Defendió así que estas “mafias” tienen que ser investigadas y se tienen que “depurar”, máxime “cuando se han utilizado medios del Ministerio del Interior precisamente para realizar persecuciones políticas contra la oposición e intentar impedir que un espacio político como Unidas Podemos pudiese llegar al Gobierno”.

“Se ha atacado no a Unidas Podemos”, sostuvo, sino que “existe una red de espionaje ilegal contra una formación política” y esto es “un ataque a la democracia”. “Y en esos términos se tendría que abordar este asunto, con todas las ramificaciones que tiene en el seno del Ministerio del Interior, en el poder económico y en el mediático”, apostilló Mayoral.

De esta forma, llamó a “perseguir esa trama mafiosa que en este caso está encabezada por Villarejo y por personas vinculadas a la cúpula del Ministerio del Interior del PP y ponerles a disposición judicial y que respondan por atacar a la democracia”. Ahondó en que así tendría que actuar un Estado democrático cuando se produce “un espionaje ilegal contra una formación política democrática para intentar impedir que llegue al Gobierno”.

Así se pronunció después de que hoy la Sala II del Tribunal Supremo declarase el archivo de la causa contra Iglesias por el denominado ‘caso Dina’, y acordase la devolución de las actuaciones al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para que agote la investigación y, en su caso, cuando lo haya realizado, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el aforado.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, analiza la exposición razonada elevada al alto tribunal el pasado mes de octubre por el juez Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que consideró, indiciaria y provisionalmente, que el líder de Unidas Podemos había cometido un delito de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil de una asesora del partido Podemos, Dina Bousselham, en noviembre de 2015, y hechos posteriores relacionados con el mismo.

La Sala ha concluido, en línea con lo informado por el fiscal, que es necesario devolver lo actuado al Juzgado Central de Instrucción con el fin de que lleve a cabo varias diligencias ampliatorias que el alto tribunal detalla en su auto, entre ellas la declaración de Dina Bousselham, para que sea oída acerca de si efectivamente denuncia los hechos relacionadas con el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que, según recuerda el auto, el Código Penal exige la denuncia de la persona agraviada para proceder por esos delitos.