A juicio de Alonso, la posición del Gobierno es "coherente" con los informes recibidos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a tenor de los cuales cumple "total, absoluta y eficazamente con su obligación" al demandar la ilegalización.

Alonso insistió en que el Ejecutivo "ha hecho lo legalmente posible y lo correcto", dando cumplimiento a las obligaciones "que le corresponden".