Dijo que esta acción busca "defender el patrimonio de todos los madrileños" y “paralizar todos los pagos hasta que se resuelva ese caso”. Consideró que "si fue una adjudicación ilegal no deberíamos pagar los madrileños las culpas de un proceso en el que se partió de algo ilegal".

La Comunidad y OHL mantienen un contencioso por la paralización de los trabajos de construcción en 2010, que, actualmente solo tiene pendiente la petición de OHL de la liquidación económica del contrato por el que pide 353 millones de euros.

La petición ante el TSJM está en consonancia con la que la Abogacía ya ha realizado en el procedimiento penal por este asunto, donde ha solicitado la confiscación de las cantidades que la Administración tuviera que abonar a OHL por el tren de Navalcarnero, al entender que se basa en un contrato previamente delictivo.

"Con estas nuevas decisiones, la Consejería busca defender de la manera más plena posible los intereses de la Comunidad de Madrid como víctima de los presuntos cometidos por la trama Lezo", indicó.