La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, ha declarado por unanimidad inconstitucionales y nulos los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11 (inciso “sin perjuicio del supuesto a que hace referencia el artículo 42.6”), 2.12, 4.2, 4.5 (inciso “y del apartado 2 de la disposición adicional primera”), 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 y la disposición transitoria primera del Decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda. Desestima el recurso en todo lo demás.

La sentencia contiene un argumento central y básico consistente en que no concurren los requisitos del presupuesto habilitante que exige el artículo 86.1 de la Constitución para regular la materia sobre las medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, resultando insuficiente el rango de la norma.

Tras delimitar la naturaleza de los distintos preceptos impugnados, el Tribunal, siguiendo los reiterados criterios sobre su jurisprudencia en esta materia, declara la nulidad de los preceptos impugnados. Una vez notificada la sentencia se facilitará su contenido íntegro en los próximos días.

Los recurrentes consideran que la normativa del Govern es inconstitucional porque vulnera el derecho a la propiedad privada, que es un derecho fundamental de aplicación en todo el Estado.

Según el PP catalán, esta normativa podría convertir a Cataluña en “una especie de paraíso 'ocupa' inédito en el resto de Europa” y en un “infierno” para los propietarios que no ocupan ningún piso.

El Consejo de Garantías Estatutarias consideró inconstitucional el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda impulsado por el Gobierno catalán, que obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.