Así lo subrayan en el documento que han entregado a la institución, que también refleja las críticas de las organizaciones a "la contratación de entidades privadas para la campaña de vacunación, obviando la capacidad y disposición del sistema público para llevar a cabo dicha campaña; la contratación insuficiente de personal sanitario y no sanitario para el funcionamiento óptimo de los Centros de Atención Primaria, esenciales en la prevención y seguimiento de la pandemia; el cierre actual y desde el inicio de la pandemia de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)".

El documento también reclama la intervención en la supervisión del destino de los fondos especiales que el Gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid para el combate de la Covid-19, e insta al Ejecutivo central a que controle el dinero que entrega a Madrid "para que haya total trasparencia y acceso público a la información de las partidas que se han entregado y entregarán que, a su vez, no deberían ser de uso discrecional sino tener un carácter finalista previamente acordado".

El documento está rubricado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm); la Asociación Madrileña de Enfermería (AME); Comisiones Obreras (CCOO Madrid); la Confederación General del Trabajo (CGT); CSIT-Unión Profesional; Derecho a Morir Dignamente (DMD Madrid); la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM); Juntxs por la Pública; el Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS); la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca (Medsap-Marea Blanca); la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFH); la Plataforma Centros de Salud; Sanitari@s Necesari@s; el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietss); SummAT (sindicato asambleario de los trabajadores del Summa 112); y Unión General de Trabajadores (UGT Madrid).