Campo se refirió a esta cuestión en el Pleno del Senado, donde respondió a una interpelación sobre este asunto defendida por el parlamentario del PP Antonio Silván.

La iniciativa de los populares pedía al Ejecutivo explicar “las medidas que tiene previsto implementar para combatir judicialmente de forma más eficaz los cada vez más numerosos casos de ocupación ilegal de viviendas que se están produciendo en nuestro país”.

En este sentido, Silván se refirió al decreto sobre protección de los consumidores aprobado por el Gobierno este mes de enero, que incluía un apartado sobre las viviendas ocupadas durante el estado de alarma por la Covid-19. Esta disposición limita la posibilidad de desalojar un domicilio ocupado si los inquilinos entraron en el mismo sin violencia.

“HERRAMIENTAS LEGALES PRECISAS”

Según el senador del PP, esta disposición “legitima un acto delictivo” como la ocupación, al tiempo que sostuvo que “un delincuente no es una persona vulnerable”. Añadió que amparar la presencia no autorizada en cualquier inmueble trae “múltiples consecuencias negativas”, como los perjuicios para el dueño, a los vecinos de la zona o el “efecto llamada” que produce.

A este respecto, Campo pidió no hacer “demagogia” con este asunto, puesto que “la ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno al que el Gobierno y las instituciones están haciendo frente”, al tiempo que también tiene una respuesta de los jueces y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Explicó que la referencia a las viviendas ocupadas en el decreto de consumidores de enero sólo busca proteger a “colectivos vulnerables” en medio de la pandemia del coronavirus, que dijo ha provocado una “profunda crisis económica y social”. Indicó que esta disposición legal sólo tendrá vigencia durante el estado de alarma y que los jueces también deben valorar la situación en cada caso.

El ministro también sostuvo que en España hay “herramientas legales precisas” para combatir la ocupación, desde el Código Penal a otras normas. También aludió a que no puede obviarse el hecho de que el 80% de los casos de entrada irregular en inmuebles afecta a bienes propiedad de grupos inmobiliarios o bancos, en referencia a que es un problema que en general no afecta a particulares.