"Estamos aguantando demasiado", denunció durante un encuentro telemático con la prensa una de las responsables del sindicato, Mari Luz González. Su compañero José Ramón Merino puso el ejemplo de que en algunos centros han sido los padres y no las autoridades quienes han decidido no llevar a los niños a clase ante incidencias acumuladas de contagios que superaban los 2.500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

"Hay un riesgo de contagio en el profesorado que ninguna administración tiene en cuenta", lamentó González, que reclamó al Ejecutivo cribados y datos que demuestren que los centros escolares son espacios seguros.

Además, el sindicato exigió que se faciliten a los trabajadores de la educación mascarillas FPP2 y medidores de CO2 en las aulas, pues entiende que los docentes están "en primera línea" frente a la pandemia y que, además, deberían ser considerados, como los sociosanitarios, entre los grupos prioritarios para el plan de vacunación y que si se contagian se les compute la baja como enfermedad profesional. "Reúnen todas las características", aseveró.

De hecho, además del "riesgo de mortalidad", subrayó, los docentes son "el tercer colectivo en seropositividad" y trabajan en unas condiciones de riesgo: están "un montón de horas seguidas" en espacios "pequeños" y con más de 20 personas.

Desde la confederación se recordó que en otros países se ha comprobado que cuando han subido los contagios en toda la sociedad, la incidencia ha sido mayor en profesores y que se han cerrado las aulas como medida para frenar el Covid. "Nos tienen como guarderías. Si cayeran todos los docentes sería difícil mantener la estructura social", agregó.

DESARROLLO DE LA LOMLOE

Los portavoces de STEs-i aprovecharon el encuentro con la prensa para subrayar otras reivindicaciones ante el desarrollo normativo de la Lomloe. En este punto pidieron que el Gobierno les tenga en cuenta en la interlocución y en especial no perjudique a algunos colectivos de profesores, como los 170.000 interinos o los 30.000 profesores técnicos de Formación Profesional.

STEs-i también reclama que se recupere el horario lectivo previo a la crisis económica, con un máximo de 18 horas para el profesorado y 23 para el cuerpo de maestros y un desarrollo del estatuto docente que no jerarquice el trabajo de los docentes, ni los diferencie por salario.

Asimismo, el sindicato exigió que el desarrollo de la reforma educativa no establezca ninguna asignatura espejo de la Religión y que se abra expediente sancionador a los centros concertados que discriminen por sexo, religión o raza.

Otras peticiones pasan por la legalización de las ratios de alumnos por aula y que los currículos no sean tan extensos, sino que cuenten con "un enfoque global" y estén basados en la "coeducación" para que sean "más inclusivos".